Debe evitarse, a toda costa, que la necesaria discusión en torno a las reformas que requiere la red de protección social costarricense termine capturada por los discursos efectistas, carentes de sustancia e hipócritamente moralistas que son comunes en los liderazgos populistas, vengan de donde vengan.
Son muchos los aspectos que deben mejorarse en la seguridad social y las consecuencias de hacerlo bien o mal son significativas, no sólo en lo económico y lo presupuestario, sino en términos del bienestar de la población y, aunque suene a cliché, para una sana y vibrante convivencia democrática. Por eso, su discusión debe ser profunda y democrática, lejos del ruido de la politiquería.
El primer reto que debe enfrentarse es el de la financiación. Los cambios demográficos (una población que envejece) y en los mercados de trabajo (relaciones laborales menos estables y tradicionales que las asalariadas) junto con las demandas presupuestarias y de equidad de un sistema que pretende ser universal, claman por modificar las fuentes de financiación y transitar —paulatinamente pero sin titubear— desde el esquema actual que descansa en cotizaciones asociadas con ingresos de naturaleza laboral a uno basado en los presupuestos gubernamentales y, por lo tanto, finalmente, en la recaudación impositiva general y en la capacidad de endeudamiento público.
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Las ventajas de este cambio son significativas no sólo desde la perspectiva de reducir la carga impositiva que recae sobre el trabajo —lo que, potencialmente, si se acompaña de otras reformas en el ámbito de la equidad de género y la creación de oportunidades para los más jóvenes podría contribuir a incrementar la participación laboral y la creación de puestos de trabajo— sino que, sobre todo, desde el punto de vista distributivo, particularmente si los recursos que se transferirán a la seguridad social desde los presupuestos generales provienen de tributos progresivos sobre los ingresos y la riqueza. Será necesario, además, un compromiso firme y creíble por parte del Gobierno Central con la financiación de la seguridad social, en el sentido de garantizar el traslado de los recursos necesarios para su funcionamiento.
La actual deuda del Gobierno con la seguridad social es, sin duda, un despropósito que debe corregirse con urgencia y que sienta un pésimo precedente, pues se origina, principalmente, en el costo de servicios de salud primaria y básica responsabilidad del Estado cuya provisión fue encomendada a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) bajo la premisa que sería pagada a través de los presupuestos gubernamentales.
La deuda significativa que tiene hoy el Gobierno con la CCSS no es más que el resultado del uso subrepticio e indebido de las finanzas de la seguridad social para cubrir erogaciones que deberían estar incluidas y reflejadas en los presupuestos generales; en otras palabras, dicha deuda debe reconocerse con prontitud como parte del endeudamiento gubernamental general y, además, su existencia implica que, de manera inapropiada, durante muchos años, se han estado ocultando gastos y subestimando los déficits gubernamentales.
El segundo reto enorme que enfrenta la seguridad social es el de mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios de salud que se proveen a la población. Se trata, al final del día, de un problema de administración y de gobernanza. De administración, porque la reducción de listas de espera y las mejoras en eficiencia y eficacia en la seguridad social pasa por decisiones de inversión que permitan atender demandas crecientes de la población y, sobre todo, por la mejora sustancial de los procesos y el uso de tecnologías.
Pero es, al mismo tiempo, un problema de gobernanza en el sentido de poner como objetivo principal de la organización —y, por lo tanto, rendir cuentas sobre su cumplimiento o no— a la satisfacción de las demandas legitimas de las ciudadanías.
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La estructura de gobierno de la seguridad social debe, en consecuencia, modificarse no pensando en concentrar el poder —como hoy pretende el Ejecutivo, con la prepotencia autocrática a la que tristemente recurre con frecuencia — sino más bien en la dirección de crear estructuras transparentes y democráticas que permitan limitar efectivamente la posibilidad de que intereses específicos e ilegítimos capturen sus presupuestos y, creando además, los esquemas de incentivos para que todo el sistema se oriente a los resultados que beneficien a las poblaciones a las que se les provee de servicios de salud.
Las reformas a la seguridad social que, genuinamente, pretendan mejorar el bienestar de todos deben pasar por un abordaje serio, sistémico y realista de los problemas asociados con la financiación, la operación eficiente y la gobernanza de la CCSS.
Los espectáculos efectistas y ruidosos en torno a esta problemática sólo buscan llevar agua a ciertos molinos políticos y, a la larga para lo único que servirán es para desviar la atención de lo importante y, al final, posponer los cambios necesarios; debilitando la sostenibilidad de la sanidad pública y minando, malintencionadamente, su legitimidad ante las ciudadanías.