La agresión militar rusa a Ucrania acentuó, en las últimas tres semanas, las presiones alcistas que se venían observando desde varios meses atrás –al menos desde el último trimestre de 2020– en los precios de algunas de las principales materias primas, desde las energéticas (por ejemplo, el petróleo y los hidrocarburos), los minerales empleados en procesos industriales, los fertilizantes y los alimentos básicos.
La brutal agresión rusa no hizo más que exacerbar, a través de restricciones de oferta, la tendencia observada en los mercados internacionales de estos bienes básicos derivados de la recuperación de la economía y los cambios en los patrones de consumo producto del shock pandémico, los problemas de logística de transporte marítimo mundial y las afectaciones asociadas con fenómenos particulares, muchos de ellos de naturaleza climática.
¿Qué puede hacer una economía pequeña como la costarricense ante un shock de este tipo? ¿Qué instrumentos tienen las políticas públicas para enfrentarlo y tratar de mitigar sus efectos macroeconómicos generales y los que afectan particularmente a ciertos grupos de la población y segmentos del tejido empresarial?
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Una primera enseñanza de eventos similares en el pasado es que pensar que es posible evitar, mediante controles de precios o subsidios generalizados, que los precios locales reflejen lo que sucede en el resto del mundo es, simplemente, una locura; tanto desde la perspectiva de la necesidad de ajuste en la economía en su conjunto (i.e. desde lo macroeconómico) ante el fenómeno externo, como de los presupuestos gubernamentales.
Los precios, desgraciadamente para algunos, deberán ajustarse para reflejar las condiciones existentes en los mercados y conducir a que las familias y las empresas modifiquen – en la medida de sus posibilidades, tanto en el corto como el mediano plazo – sus patrones de gasto y producción – y, desde la perspectiva macroeconómica, por ejemplo, evitar que los grandes balances se salgan de control, especialmente en el frente externo.
¿Significa esto que no se puede hacer nada o que no hay mecanismos para mitigar el impacto del shock para las familias más vulnerables? La respuesta claramente es no. Existen espacios para políticas que, mediante subsidios a ciertos bienes y servicios consumidos por los hogares más pobres – por ejemplo, ciertos alimentos y el transporte público – o mediante transferencias monetarias no condicionadas, puedan tratar de compensar, al menos parcialmente, el impacto del fenómeno externo sobre su ingreso real y su capacidad de satisfacer necesidades básicas.
Los espacios presupuestarios existen y, también, la información para diseñar estas medidas, lo que se requiere es voluntad para que, aprovechando con responsabilidad los esfuerzos de consolidación que han logrado recuperar márgenes de maniobra en lo fiscal, se diseñen las medidas adecuadas.
Requiere también superar, el antediluviano enfoque de canalizar las acciones a través de las empresas o los productores pues, aunque ciertamente muchos de ellos son finalmente familias vulnerables con actividades económicas incipientes, las medidas gubernamentales
que afecten de manera generalizada los costos de producción – como por ejemplo, subsidios amplios – tienden a tener poco impacto sobre los precios de los bienes y servicios finales y, por lo tanto, a convertirse en injustas transferencias de limitados recursos fiscales hacia las ganancias empresariales.
Algo similar sucede, por ejemplo, con propuestas como las planteadas por el Ministerio de Hacienda en los últimos días de crear un mecanismo de crédito fiscal en el impuesto de renta basado en el consumo de combustibles, este tipo de acciones poco impactarán los precios al consumidor – y por lo tanto, el bienestar general y de los más vulnerables – y terminarán elevando ilegítimamente la rentabilidad de ciertas empresas, generalmente, las menos necesitadas de apoyo.
Otros caminos pueden sin duda explorarse, por ejemplo, en el caso de bienes o servicios con precios regulados – como el transporte o los combustibles – para tratar de crear incentivos para mejorar los procesos de compra y la eficiencia en la prestación o fabricación de los mismos; sin embargo, de igual forma debe evitarse, a toda costa, la tentación de mover los parámetros antojadizamente, pues, por ejemplo ajustes en las rentabilidades sobre el capital de empresas reguladas, pueden significar – en un plazo más largo – dificultades para realizar las inversiones necesarias para garantizar la provisión eficiente de los servicios o la fabricación de los bienes sujetos a regulación.
Otro tema recurrente, cuando de presiones alcistas en los hidrocarburos se trata, es el de la carga impositiva que pesa sobre ellos y el surgimiento, cargado de oportunismo electoral y populismo, de propuestas para reducirla. Este tipo de acciones carece totalmente de viabilidad presupuestaria, por el peso que tienen estos ingresos para el Gobierno Central, y, además, sería un sin sentido ambiental, desde la perspectiva de los incentivos para avanzar en el proceso de descarbonización de la economía.
Como en cualquier proceso de diseño de políticas públicas, en el caso particular de las orientadas a mitigar los efectos del shock provocado por los aumentos en las cotizaciones de las principales materias primas debe procurarse ser muy claros en la definición de los objetivos que buscan y de los sectores que merecen y requieren apoyo, actuar basados en datos y con un pie bien puesto en la realidad y construir incentivos correctos, en especial, para evitar que los recursos presupuestarios destinados a financiar las acciones terminen siendo capturados por grupos que nos los requieren. Desgraciadamente, en estos casos, no pocas veces el camino al infierno está adoquinado de buenas intenciones.