La Contraloría General de República (CGR) no pudo determinar si 100 instituciones públicas cumplieron o incumplieron la regla fiscal, en el 2022, a raíz del decreto del Gobierno que aflojó la aplicación de este tope en el límite del gasto.
Por esa razón, la CGR emitió una opinión denegada a la revisión de los presupuestos de este centenar de instituciones porque no cuenta con la información necesaria para emitir un criterio de fiscalización.
La Contraloría afirmó que las modificaciones de la administración de Rodrigo Chaves al reglamento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en junio del 2022, son incongruentes con la propia legislación y no permiten verificar el respeto de la regla fiscal durante el ejercicio presupuestario 2022.
Así lo precisó la entidad en una auditoría especial, entregada a la Asamblea Legislativa, este 1. ° de mayo, denominada Rendición de Cuentas sobre la Hacienda Pública.
Para el 2022, se estableció que los presupuestos de las instituciones cubiertas por la norma de contención de egresos no podrían crecer más de 1,96%, respecto al año previo.
La reforma fiscal del 2018 ordena que la Contraloría debe auditar el cumplimiento de la regla fiscal en las instituciones públicas que están sujetas a esta medida.
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“En cuanto al informe del cumplimiento de la regla fiscal para el 2022, la Contraloría emite una opinión denegada dado que las modificaciones normativas efectuadas por el Poder Ejecutivo, en el 2022, son incongruentes con lo establecido en la Ley 9635 (reforma fiscal) lo que no permite llegar a conclusiones consistentes y razonables”, explicó Julissa Sáenz, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de Finanzas Públicas de la CGR.
Sáenz enfatizó que las incongruencias provocaron una limitación significativa en el alcance de la auditoría.
Además de que están a la espera de que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda resuelva una medida cautelar, presentada por la CGR, en la cual se solicitó la suspensión y ejecución inmediata del decreto del Gobierno.
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Entre las instituciones que deben cumplir con la regla fiscal están la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Consejo Nacional de Producción, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), colegios profesionales, entre otros.
La legislación solo exceptuó del cumplimiento de la norma a las entidades que están en competencia, por ejemplo, los bancos.
Un informe de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, del Ministerio de Hacienda, concluyó que el Gobierno Central cumplió con la meta del gasto, así como la mayoría de entidades sujetas a la norma.
Solo 13 entidades excedieron la tasa límite de crecimiento en el 2022, según el informe de Hacienda, de marzo pasado.
¿Qué se modificó?
Previo al cambio reglamentario aplicado por el Gobierno, el cumplimiento de la regla fiscal se verificaba al comparar el gasto realmente ejecutado en cada año en comparación con el gasto real del periodo anterior.
Sin embargo, el decreto de mediados del 2022, dictó que la norma ahora se verificará comparando el presupuesto final o definitivo respecto al presupuesto ordinario aprobado del periodo anterior.
Desde el año anterior, la CGR se opuso a la nueva interpretación porque provocaría un crecimiento del gasto de ¢433.000 millones.
“Por ejemplo en el caso de la Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), la diferencia entre el crecimiento de gasto ejecutado y el crecimiento del gasto presupuestado es de alrededor de cinco puntos porcentuales; es decir, la incongruencia alcanzaría más de dos veces la tasa de crecimiento permitida de 1,96% para el año 2022″, subrayó la Contraloría en el oficio N° DFOE-FIP-IAA-00006-2023.
La entidad fiscalizadora añadió que, en setiembre del año pasado, se publicó otro decreto ejecutivo que estableció la posibilidad de definir nuevos topes de gasto máximo presupuestario para el 2022 para aquellas entidades del sector público no financiero.
La nueva interpretación, argumentó la CGR, implica que los egresos puedan crecer más allá de la única tasa de crecimiento de la regla fiscal, tal como lo definió la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
“No es posible proveer conclusiones consistentes y razonables bajo las circunstancias actuales, toda vez que a partir de la misma información presupuestaria disponible, se arribaría a conclusiones incoherentes o incluso contrapuestas al aplicar lo definido en la ley o en el reglamento”, concluyó la Contraloría.
La entidad subrayó que, bajo los cambios hechos por el Gobierno, es imposible obtener insumos útiles que permitan verificar la regla fiscal y su contribución con la sostenibilidad fiscal.