El gerente del Banco Nacional de Costa Rica, Bernardo Alfaro, afirmó que la entidad financiera mide los riesgos climáticos de los créditos desde principios del año 2022, mediante una metodología que excluye la necesidad de utilizar datos sin anonimizar de sus clientes o información con un alto nivel de detalles.
Alfaro, quien enfrenta una denuncia penal introducida en julio por la gerencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR) por negarse a entregar los datos sin anonimizar de los deudores, compareció el jueves 30 de noviembre ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, en el marco de la investigación sobre este requerimiento.
El Gerente del Banco Nacional explicó que el riesgo climático es un componente que puede afectar el cumplimiento de obligaciones crediticias debido a eventos como huracanes u olas de calor.
Alfaro destacó que la entidad calculó este indicador para riesgos climáticos físicos, específicamente para un huracán, desde principios del 2022, en toda su cartera crediticia, sin acceder a datos privados de los clientes.
“Resulta que el Banco Nacional empezó a medir riesgo climático desde principios de 2022, mucho antes de que el BCCR hablara de que el Fondo Monetario Internacional (el FMI) quería tener el riesgo climático. Nos abocamos a esa parte, con una medición de impacto de un año, la idea era medir la pérdida esperada que el Banco va a enfrentar ante eventos climáticos”, afirmó.
El BCCR solicitó, en diciembre del 2022, a la Sugef, al Banco Nacional, a BAC Credomatic, al Banco de Costa Rica y al Banco Popular, la información sin anonimizar de sus clientes, bajo el argumento de la creación de un indicador de riesgo climático, compromiso adquirido con el FMI.
Esta medición es requisito para acceder al Programa de Resiliencia y Sostenibilidad, autorizado por el FMI en noviembre de 2022, que otorga al país acceso a un préstamo de $725 millones, pero que prevé un giro de $60 millones específicamente vinculado al indicador climático.
El Gerente General de la entidad financiera estatal manifestó que utilizaron como referencia el 2016 para su metodología, debido a que fue el año en el que impactó el huracán Otto, para poder determinar el riesgo de un evento climático de esa magnitud en cada sector productivo.
Destacó que midieron para cada sector productivo, cantón y distrito, cómo aumenta la pérdida esperada debido a eventos como el huracán Otto. Según el gerente, lo que tendría que hacer el BCCR es sustituir la cartera del Banco Nacional por la de todo el sistema financiero, porque las variables posiblemente van a ser las mismas.
“Estoy seguro que el FMI aceptaría esta metodología como la de Costa Rica para cumplir con la medición del impacto de un factor como un huracán en nuestra nación (...) Aquí una acotación que quiero hacer, para construir este modelo, el BN no utilizó una cédula de identidad de ninguna persona, ni física ni jurídica”, expresó Alfaro.
El 2 de noviembre anterior, Ronulfo Jiménez, asesor económico de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), afirmó en una comparecencia de dicha comisión que se puede construir el indicador climático entre la Sugef y los bancos, porque existe información de lo que están haciendo las entidades para enfrentar los riesgos hidrológicos.
A la semana siguiente, el jueves 9 de noviembre, Alberto Dent, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), aseguró que Róger Madrigal, jerarca del Banco Central, rechazó un ofrecimiento para desarrollar el indicador en conjunto con la Sugef.
Ese mismo día, en ese foro legislativo, Rocío Aguilar, jerarca de Sugef, también expuso ante los diputados la disposición de la Superintendencia para desarrollar junto con el Banco Central la nueva estadística climática. Contó que colaboraron con la institución monetaria en otras ocasiones.
Ejemplo en Europa
Este jueves, el mismo Alfaro comentó que el Banco Central Europeo (BCE) siguió una metodología en la que fueron los bancos comerciales los que desarrollaron el indicador climático, mientras que el ente emisor se encargó de presentar la información de manera agregada.
Alfaro añadió que el Banco Nacional representa el 25% del sistema bancario y 20% del sistema financiero, y que en los distritos y cantones donde hay mayor afectación por esos eventos, esta entidad financiera es prácticamente la única opción de financiamiento.
El gerente detalló que la metodología fue compartida con los técnicos de la División Económica del Banco Central desde febrero del 2023. Además, respondió afirmativamente a la pregunta del diputado Francisco Nicolás sobre si consideraba que la solicitud del BCCR excedía la necesidad técnica del indicador de riesgo climático.
La Nación consultó al Banco Central, a las 4:28 p. m. de este jueves, sobre si conocían de la metodología desarrollada por el Banco Nacional y el porqué no se solicitó que cada entidad del sistema financiero, o al menos las cuatro consideradas de “sistémicas”, entregaran indicadores de riesgos climáticos para sus carteras ya listos para agregar. Al cierre de esta información se estaba a la espera de respuesta.
Alfaro también reconoció que si la Sala Constitucional le ordena entregar al Banco Central los datos de los deudores, tendría que hacerlo, luego de una consulta del legislador de Nueva República, Fabricio Alvarado, en relación con los riesgos de brindar la información.
Lamenta deterioro en relaciones
En su comparecencia, Alfaro lamentó el deterioro de las relaciones entre el Banco Central, la Sugef, y el Conassif. Enfatizó en la necesidad de restablecer los vínculos lo antes posible, pues todas comparten el objetivo de la estabilidad del sistema financiero.
“La coordinación del presidente del Banco Central y el superintendente es vital y clave para la estabilidad del sistema. Ese vínculo tiene que recuperarse de alguna manera, hay que solucionar ese tema, por mi experiencia puedo decirles que no puede haber ruptura como la que se está viendo en este momento”, concluyó el gerente, quien también fue jerarca de Sugef en dos ocasiones, entre enero de 1999 y diciembre del 2003, y de junio del 2018 a octubre del 2020.
Alfaro afirmó que siempre actuaría de la misma forma (no entregando los datos), debido a que considera que defiende los intereses de todas las personas que confían en la entidad financiera. Añadió que la solicitud despertó las alertas debido al detalle de los datos, y que la decisión de no entregarlos fue una recomendación de la Dirección Jurídica del BN.
El gerente había sido convocado por la Comisión Legislativa el 1.º de noviembre pasado, pero se excusó de no asistir debido a que estaba atendiendo un tema interno que mantenía muy comprometida su agenda, a la vez que solicitó la reprogramación de su comparecencia.
Fue citado por segunda vez el 23 de noviembre, pero la comparecencia no se llevó a cabo por falta de quórum en dicha Comisión. La audiencia de Alfaro fue solo para hablar sobre la petición de datos hecha por el Banco Central, debido a que el caso sobre el robo de ¢3.293 millones en el Banco Nacional se investiga en otro expediente.