Este mes de abril, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) realizó un “pago bajo protesta” debido a un cambio en el esquema de cobro por el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), plataforma en la que todas las instituciones públicas deben gestionar el proceso de adquisición de bienes o servicios.
La nueva metodología de cobro no solo se aplicó a la Caja, sino también a todas las instituciones públicas que usan Sicop desde diciembre de 2022. Sin embargo, se incorporó en diferentes momentos, según los acuerdos con Radiográfica Costarricense (Racsa), entidad encargada de gestionar el Sistema Digital Unificado que procesa las transacciones de compras públicas.
El cambio genera críticas tanto de la CCSS como de las municipalidades, representadas por la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), que se quejan de cálculos incorrectos en la tarifa y catalogaron los aumentos por el uso de la plataforma como “desproporcionados”.
A continuación, en La Nación Explica, le contamos por qué se implementó una nueva metodología y en qué consiste este instrumento, en relación con los trámites que deben ser públicos en Sicop.
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¿Cuándo y por qué se implementó?
El cambio en la metodología quedó definido en el Decreto Ejecutivo No. 43807-H del Ministerio de Hacienda, el cual fue publicado en el diario oficial La Gaceta el 30 de noviembre de 2022, justo antes de que entrara en vigor la Ley General de Contratación Pública, el 1° de diciembre de ese año.
Esta reglamentación dispone que la Dirección de Contratación Pública de Hacienda, en su calidad de administrador del Sistema Digital Unificado, fijará y divulgará el modelo tarifario para el uso de Sicop que podrá cobrar Racsa, administrador de la plataforma.
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Ante una consulta de La Nación, el viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda, Luis Antonio Molina Chacón, confirmó las modificaciones en el cobro. Según explicó, con la entrada en vigencia de la nueva ley de contratación, se establece que debe existir un solo sistema de compras públicas bajo un modelo tarifario único.
De ahí que el cobro se determine en relación con el costo de la transacción, entendida como aquella que se realiza al generar un procedimiento de contratación, y con la emisión de órdenes de pedido por la modalidad de los convenios marco y contratos según demanda, señaló Molina.
Roberto Zoch, alcalde de Moravia y directivo de ANAI, explicó a La Nación que previo a la entrada en vigencia de la ley y de los reglamentos, muchas instituciones tenían convenios bilaterales donde acordaron el pago por el uso de Sicop, con costos usualmente menores a los actuales.
¿En qué consiste el nuevo modelo?
Para calcular la nueva tarifa, la Dirección Técnica de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa de Hacienda considera tres insumos: los costos del sistema de Sicop (mano de obra, insumos, gastos administrativos y las utilidades de Racsa), el listado de instituciones que utilizan la plataforma y la cantidad de transacciones de cada una de ellas.
De esta forma, la tarifa para el uso del sistema consiste en dividir la suma del costo directo de mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidades, entre el promedio anual de transacciones durante los últimos tres años de las instituciones usuarias de la plataforma.
En este caso, una propuesta técnico-económica hecha por Racsa, en noviembre de 2022, señala que el costo mensual por el uso del sistema se divide en 31,72% de mano de obra, 40,7% de insumos, 12,7% de gastos administrativos y 14,88% de utilidades. Según el cálculo, la entidad recibiría $88.559 mensuales en utilidades.
Este valor se actualiza periódicamente, según finalicen los contratos establecidos entre las entidades y Racsa, debido a que cambia el número de instituciones que utilizan la plataforma y deben pagar la tarifa, según consta en la resolución MH-DCoP-RES-0001-2022.
La resolución más reciente del Modelo Tarifario, bajo el número MH-DCoP-res-00012-2024 y que rige entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2024, establece distintas tarifas mensuales para las 339 instituciones públicas que utilizan Sicop.
Críticas
La reciente metodología y su aplicación levantó críticas desde inicios del 2023 por parte de ANAI. La asociación señaló incrementos superiores al 500% en el costo de las tarifas entre 2022 y 2023.
Por ejemplo, señalaron que la Municipalidad de Moravia pasó de tener una tarifa mensual de $350 a $3.482. Otro caso es el municipio de Turrialba, que de pagar $500 al mes, en 2022, subió a $4.125, en 2023.
Roberto Zoch señaló que la nueva metodología se traduce en tarifas “altísimas”, las cuales se trasladan al contribuyente y que, para el caso de la Municipalidad de Moravia, se trasladaron recursos de proyectos que iban a beneficiar a las comunidades, debido a que debe cumplir con responsabilidades como el pago de salarios o aguinaldos.
Esteban Vega de la O, gerente de Logística de la CCSS, señaló que el nuevo monto en el caso de esa institución supera el 100% al modelo anterior.
La CCSS presentó un recurso de revocatoria indicando que no está de acuerdo con la tarifa, no se tienen los recursos para hacerle frente y que esto no podría explicarse ante la Ley de Contratación Pública.
Hacienda rechazó la revocatoria, y recordó que la consulta pública terminó. Las instituciones deben adherirse, pagar la tarifa y si no se utiliza ese sistema, los procedimientos serían declarados nulos.