El Tribunal Ambiental Administrativo, la entidad que vela por el cumplimiento de la legislación de ese campo en Costa Rica, teme perder la mitad de sus plazas.
Así lo expresó la presidenta de ese órgano, Yamilette Mata, en el oficio número 218-13-TAA que envió a varias instituciones el mes pasado, donde pide conservar la mitad de sus plazas. En total son nueve de las 18 que tiene, alega.
En el oficio, Mata explica que sin esas plazas el Tribunal se volvería inoperante, y equivaldría, para efectos prácticos, a cerrarlo.
Dichas plazas se incluyeron en el presupuesto ordinario del 2009; no obstante, según explicó el viceministro de Hacienda, José Luis Araya, no se crearon, solo se contrataron. Por ello, se solicitó al Tribunal crear las plazas, que es el pedido que realizó la entidad y que está en análisis en Hacienda.
Araya detalló que el Tribunal tiene actualmente 20 plazas.
René Castro, ministro del Ambiente, anunció que tendrá una reunión con su homólogo de Hacienda, Édgar Ayales, para explicarle que la reducción en el personal sería muy grave para el Tribunal Ambiental Administrativo.
“Tenemos el presupuesto cubierto y no puede ser que una interpretación de la Autoridad Presupuestaria (AP), de decisiones que se tomaron hace cinco años, deje sin trabajo a esos profesionales y al maltrecho Tribunal Ambiental”, expresó Castro.
El Tribunal Ambiental Administrativo fue creado en 1995 por la Ley orgánica del ambiente (número 7554) y empezó a operar en 1997, según se especifica en su sitio web.
De acuerdo con el artículo 103 de dicha ley, el Tribunal es un órgano de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente y tiene competencia exclusiva, independencia funcional, sus resoluciones son de acatamiento estricto y obligatorio, y sus fallos agotan la vía administrativa y son irrecurribles.
1.500 casos y dos abogados. El viernes pasado no fue posible conversar con Yamilette Mata.
Sin embargo, en el oficio remitido a Hacienda la funci naria explicó que el Ministerio del Ambiente impulsa la labor del Tribunal como punta de lanza de acción en sectores clave como, por ejemplo, para realizar inspecciones oculares y tomar las medidas respecto a las empresas del sector de gas y prácticas que afectan la riqueza marina, como el aleteo de tiburón. Además defendió la labor para prevenir el daño ambiental.
También alega que la cantidad de casos que analiza este Tribunal ha aumentado cada año debido, entre otros, a la ampliación de competencias y un incremento progresivo de informes legales y técnicos.
Actualmente, tienen casi 3.000 expedientes activos y solo dos abogados para tramitarlos.