Próximo lunes inicia plan piloto de Tributación de factura electrónica

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

A partir del próximo lunes un grupo de 27 profesionales comenzarán a entregar facturas electrónicas a sus clientes como parte del plan piloto que realiza la Dirección General de Tributación.

Carlos Vargas, director general de Tributación, explicó que los voluntarios surgieron de las consultas que realizaron a los colegios profesionales.

El plan se aplicará por tres meses, y si en el transcurso de este tiempo hay más profesionales que quieran sumarse por medio de los colegios respectivos, tienen espacio para llegar a 100, dijo Vargas.

Una vez concluido el plazo de tres meses, se evaluará la herramienta, se harán ajustes y, según la magnitud de los cambios, establecerán la fecha en la cual será obligatoria para todos los profesionales.

La factura electrónica es un documento digital que ya se usa en el país, pero en abril del 2012 la presidenta de la República, Laura Chinchilla, anunció que sería obligatoria ante la ausencia del plan fiscal.

Experiencia de GTI. En nuestro país, la empresa GTI ofrece el servicio desde hace cinco años.

Alejandro Montalvo, presidente de GTI, informó de que sus servicios www.facturaelectronica.com, así como www.ecofactura.cr (de Racsa) tienen entre los dos unos 140 clientes y emiten un promedio mensual de 8.000 facturas.

“La información se trabaja hoy fuera de línea; esto quiere decir que Tributación debe de pedir las facturas a quien las emitió; en un plazo prudencial se supone que estaremos en línea”, detalló Montalvo.

El objetivo del Gobierno, al hacer obligatorio este mecanismo de facturación, es tener un instrumento para verificar los ingresos de los profesionales, quienes son importantes para determinar el impuesto sobre la renta (el cual se aplica sobre la diferencia entre ingresos y gastos).

Un estudio de la Contraloría General de la República, publicado en noviembre del 2011, reveló que el 93% de los 46.795 profesionales liberales registrados como contribuyentes de renta, tributaron menos de ¢36.000 en todo el año 2010, mientras que un asalariado, que en ese mismo año recibió un sueldo de ¢834.000 mensuales, pagó ¢248.400 de tributo sobre la renta.