El Grupo Corporativo Saret interpuso un recurso de revocatoria en el cual apela la sentencia del Juzgado Concursal que ordenó el inicio del proceso de quiebra del conglomerado empresarial por incapacidad de pagar sus deudas.
En el escrito presentado por Juan Bautista y Mariano Ramírez Steller, ambos dueños de las compañías del conglomerado, se argumenta que la decisión judicial carece de sustento técnico, según el oficio de 16 páginas presentado el 23 de diciembre del 2023.
“La sentencia incurre en errores groseros de razonamiento (...) reconoce expresamente que la decisión sobre la insubsistencia fue tomada sin que constara en autos el criterio del curador y que, en vez de enderezar esa situación, se prosiguió a contrapelo de la norma (jurídica)”, se indica en el documento, del cual tiene copia La Nación.
Adicionalmente, se indica que en la sentencia 2023000313, del pasado 15 de diciembre, no se demuestra la incapacidad material del conglomerado para cumplir con su propuesta de pago a sus acreedores.
La Nación solicitó al Grupo Saret, este martes, una posición sobre el posible efecto empresarial, laboral y de negocios si se concreta la liquidación. Al cierre de este artículo se estaba a la espera de respuesta.
En la sentencia impugnada por los dueños, redactada por la jueza Jennifer Arroyo, se ordenó la disolución del grupo y la suspensión de todos los poderes a los administradores y representantes legales de las firmas.
Además se instruye la desinscripción en el Registro Público y el cierre de las sociedades Grupo Corporativo Saret, Saret de Costa Rica, Saret Metalmecánica, Saret Maquinaria y Equipo, y Saret Acero.
Argumentos del Juzgado
Grupo Corporativo Saret propuso para pagar sus deudas, en agosto del 2018, la venta de activos, ingresos por obras ofertadas y recursos provenientes de litigios pendientes, según el plan remedial.
En la sentencia del Juzgado Concursal, de diciembre anterior, se indica que el caso tiene seis años de trámite y no hay avance en el proceso ni mejora en la condición financiera de las empresas.
Además, afirmó que en cinco de los juicios pendientes de los cuales Saret pretendía obtener recursos económicos, no hubo una resolución favorable y, en algunos casos, se condenó al conglomerado empresarial el pago de las costas.
“Alegan los promoventes que (...) estos expedientes judiciales aún están en trámites pendientes a la resolución de recursos, no obstante, ello solo significa que, a la fecha, las promoventes no han recibido ni un solo colón producto de estos procesos jurisdiccionales”, se señala en el fallo que ordenó el inicio de quiebra.
Sin embargo, en la apelación presentada por los representantes de Saret se indica que hay casos en los cuales aún no hay fallo y puede darse un beneficio económico.
Por ejemplo, se citó un proceso contra la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) en el cual se estimó una cuantía en disputa de $15 millones. Así como uno contra WPP Continental de Costa Rica cuyo cobro es de $5 millones.
“El impacto patrimonial de los procesos finalizados es, en total, de alrededor de ¢8,7 millones por concepto de costas y $340.000 por un laudo anulado. Es evidente que los derechos patrimoniales que siguen en juego en los procesos pendientes es sustancial y de relevancia mayúscula para el convenio”, argumentaron los propietarios del conglomerado en la apelación.
Grupo Corporativo Saret solicitó la protección judicial por enfrentar una crisis financiera. Al momento de iniciar el trámite, la compañía informó de que tenía deudas por $33 millones, pero durante el proceso los acreedores de la firma presentaron legalizaciones por $56,8 millones y ¢1.866 millones.
Hidroeléctrica San Lorenzo, una empresa inscrita en Panamá pero de capital español, es la principal acreedora del grupo la cual reclama una deuda por $36,7 millones.
Mientras que con el Banco de Costa Rica (BCR), de capital estatal, mantiene un saldo pendiente de cancelar de $8,4 millones de una operación crediticia cuyo monto original era de $19,3 millones.
Pero también otras instituciones públicas reclaman el pago de deudas como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), el Instituto Nacional de Seguros (INS), Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Con la Caja y la Desaf la morosidad asciende a ¢1.100 millones, según la información presentada por las entidades públicas en la vía judicial.
El Grupo Empresarial Saret es una empresa familiar, fundada en enero de 1976, y cuyos representantes son los hermanos Miguel Ángel, Juan, Gerardo y Luis Mariano Ramírez Steller.
Las empresas operan en negocios como el de generación eléctrica, metalúrgica, desarrollo de proyectos, infraestructura civil, equipo de construcción y parques industriales.