Está claro que las juntas directivas deben ser evaluadas. No solo en cuanto a los resultados que hacen producir a las empresas, sino en cuanto a su desarrollo organizacional.
Toda junta debe funcionar como un equipo. Debe mejorar continuamente su productividad; esto es, aumentar su capacidad de visualizar el futuro; de tomar decisiones más eficaces con menor consumo de energía; de refinar su posición ética y la ética que hace permear hacia el resto de la organización; de producir estrategias más robustas; de implementar mejoras en la organización, especialmente en la instalación de automatismos funcionales; es decir, que conduzcan a mejores resultados.
¿Quién debe evaluar a la junta directiva? Desde luego, en las sociedades anónimas, la asamblea de accionistas, y en el caso de las instituciones estatales, el Poder Ejecutivo.
La asamblea de accionistas lo hace en resguardo de su propiedad sobre la empresa. Y la propiedad según el decir clásico, se resguarda con la diligencia con que lo hace un buen padre de familia.
¿Siente el Poder Ejecutivo esa responsabilidad sobre los bienes y los resultados de las instituciones estatales? Los ciudadanos nos sentiríamos más tranquilos si así fuera. Afortunadamente, en algunos casos, hay órganos especializados que coadyuvan al Poder Ejecutivo. Es el caso de Sugef respecto a las instituciones financieras. Supén en cuanto al área de pensiones de la CCSS. Ignoro si Aresep debe hacer lo mismo en cuanto al ICE. Y no hay institución que lo haga sobre el área de salud de la CCSS.
Parece que hay vacíos institucionales, que no hay que pensar en llenar mediante la creación de otras entidades.
Ya es hora de que muchas funciones públicas se tercericen.
Además de esos vacíos, es posible que haya vacíos metodológicos. ¿Se sabe cómo evaluar una junta directiva? ¿Se tiene idea de cuáles son las alertas tempranas eficaces? Porque una vez que ocurre el socollón, ya es tarde.
¿Servirán estas reflexiones para generar acción en un sector público con problemas más agudos y urgentes? No lo sabemos. Donde seguramente sí podrían fructificar es en el sector privado. Ahí los accionistas, como buenos padres de familia, podrían tomar nota de las posibilidades de mejorar el rendimiento sostenible de sus inversiones, evaluando las juntas directivas.