Lotes, casas, edificios, terrenos para construir, cafetales y potreros que son del Estado, pero que no se sabe quién los administra.
Una auditoría de la Contraloría General de la República del periodo 2011, y publicada en diciembre pasado, señaló 2.038 propiedades del Estado en esa situación, aunque ya se logró reducir un poco esa cifra.
El Ministerio de Hacienda indaga una por una y ha logrado encontrar a los encargados de 170 de estos bienes, pero todavía quedan 1.868 fincas por investigar.
La Contraloría suministró la base de datos de las propiedades y, con la colaboración de la gerencia de Inteligencia de Medios del Grupo Nación, se encontró que de las de las 2.038 propiedades, 239 carecen de avalúos.
Los avalúos de las 1.799 fincas restantes suman ¢185.000 millones, lo cual representa un 0,9% de la producción interna en ese año.
El avalúo promedio de la propiedad por cantón muestra que las fincas más valiosas se encuentran en Tilarán, Guanacaste, con un valor promedio de ¢687 millones.
Además, se encontró que de las 2.038 fincas, hay 460 que carecen de plano catastrado.
El plano catastrado es el único medio que existe para localizar una propiedad inmueble.
El plano ubica la finca por coordenadas universales en un sitio exacto y a partir de un punto fijo, como a cierta distancia de un puente, por ejemplo.
“Si una propiedad (inscrita) no tiene plano catastrado, sucede que no tiene una referencia de descripción y ubicación físicas, lo que podría eventualmente representar que no sea fácil de localizar en el territorio (casos de extensiones considerables) o que se dieran confusiones de linderos entre varias propiedades”, explicó Olman Rojas, coordinador general del Programa de Regularización de Registro y Catastro.
De las 1.899 propiedades de las cuales fue posible conocer su localización, se encontró que están por casi todo el país pues hay fincas de estas en 77 de los 81 cantones.
Los cantones donde más propiedades hay es en Vázquez de Coronado y en el cantón Central de San José.
La adquisición de estas propiedades se inició desde la administración de Rodrigo Carazo (1978-1982) y en el Gobierno en que más se registraron fue en el de Rafael Ángel Calderón (1990-1994), con 566.
¿Por qué surge esta situación? El viceministro de Gasto del Ministerio de Hacienda, José Luis Araya, explicó que esta situación surgió porque hasta hace unos seis años, cuando una institución pública adquiría o recibía como pago un bien inmueble, solo se registraba como propiedad del Estado.
Dicha situación cambió con la actualización del catastro y registro que realiza el país, pero quedaron fincas sin la identificación de la institución administradora.
Arce explicó que estas propiedades no necesariamente están abandonadas, puede ser que una entidad la utilice sin que esté inscrita a su nombre en el Registro Público.
El ministro de Hacienda, Édgar Ayales, señaló que para buscar una solución hicieron un conteo de propiedades por entidad y les solicitaron a cada una regularizar la situación, pero ante la poca respuesta, optaron por dedicar dos abogados de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa para que analicen una por una.
Hasta ahora han identificado 170 fincas, de las cuales 81 pertenecían al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Al Ministerio de Hacienda le pertenecían 11 de las propiedades encontradas y, según Ayales, ya las regularizaron y las están vendiendo, pero este proceso es complejo.
Parte de otros problemas. En el estudio –denominado Informe sobre la auditoría financiera, realizado en el Ministerio de Hacienda sobre el rubro de bienes, para el periodo económico 2011– publicado el 21 de diciembre pasado, la Contraloría también cita otras dificultades en la contabilidad de los bienes públicos, los cuales, según Arce, ya se han atendido.
La semana pasada, la Contraloría General de la República también publicó otro informe específico en relación con los terrenos que corresponden al Ministerio del Ambiente y Energía, en el cual determinó que la falta de un inventario completo y actualizado impide que se conozca la cantidad, extensión y valor de una serie de propiedades que deben ser incluidas dentro del patrimonio natural del Estado.
El ministro Ayales añadió que mediante la aplicación del Programa de Regularización del Registro y Catastro en el Ministerio, esperan que se logre ordenar la situación de estas propiedades pertenecientes al Estado costarricense.