San José
Costa Rica es uno de los países donde es más difícil para un emprendedor abrir un negocio.
En nuestro país, los empresarios deben de realizar nueve procedimientos para abrir un negocio, dedicar 22,5 días y el costo de los trámites representa un 8,5% del ingreso per cápita del país (unos $921).
En Nueva Zelanda, nación que lidera el ránking, solo existe un procedimiento y el tiempo para abrir un negocio es de un día, mientras que en el Reino Unido no hay costo en trámites.
Los resultados provienen del informe Facilidad para Hacer Negocios 2018 (Doing Business, en inglés), que publicó este miércoles el Banco Mundial. Costa Rica se ubica en el puesto 61 entre 190 naciones y es el quinto mejor calificado de América Latina y el Caribe, luego de México, Chile, Perú y Colombia.
Costa Rica es la quinta mejor economía en América Latina para hacer negocios
Este indicador, lanzado por primera vez en el 2002, analiza y compara las normas que regulan las actividades de las pequeñas y las medianas empresas locales a lo largo de su ciclo de vida.
Al descomponer las 10 áreas que incluye el indicador, se nota que el país se encuentra bien respecto a otras naciones en temas como facilidad para obtener un crédito, para obtener electricidad y para realizar un registro de propiedad.
¿Dónde mejorar?
No obstante, hay tres áreas donde el país se mantiene rezagado: apertura de un negocio (posición 127), cumplimiento de contratos (129) y resolución de la insolvencia (131).
En apertura del negocio, se registran todos los procedimientos que se requieren oficialmente, o que se realizan en la práctica, para que un empresario pueda abrir y operar formalmente un negocio industrial o comercial, así como el tiempo y los costos asociados a estos procedimientos. Además, se registra el capital mínimo pagado, según explica el Banco Mundial en su página web.
"Uccaep ha indicado que abrir o empezar un negocio en Costa Rica y operar en la formalidad y al amparo de la leyes cada vez más complejo para los empresarios. En la última encuesta Pulso Empresarial, ante la pregunta '¿cuán difícil es empezar un negocio nuevo en Costa Rica', el 75% de los empresarios consultados aseguró que era difícil o muy difícil; además, el 65% afirmó que era muy costoso cumplir con los requisitos administrativos que se establecen para formalizarla”, explicó Franco Pacheco, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
Franco puntualizó varias iniciativas para mejorar en esta área en las que participa Uccaep, entre ellas la preparación de un decálogo de propuestas específicas que pretenden potenciar el desarrollo del país. También, la participación en la mesa tripartita para la implementación de la recomendación 204 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el tránsito de la economía informal a la formal y la aplicación de la Primera Encuesta Nacional de Empresas Sostenibles.
"Los resultados tanto de la encuesta de Uccaep como del Doing Business evidencian por qué el sector informal es tan grande en Costa Rica, dado que representa un 45% de la población económicamente activa y es justamente por la dificultad de abrir un negocio y lo oneroso de cumplir con todos los trámites administrativos", añadió Pacheco.
En cumplimiento de contratos se miden el tiempo y el costo para resolver una disputa comercial a través de un tribunal de primera instancia local, así como el índice sobre la calidad de los procesos judiciales, el cual evalúa si cada una de las economías ha adoptado una serie de buenas prácticas que promuevan la calidad y la eficiencia en el sistema judicial.
En este indicador, el tiempo que se tarda en el proceso en Costa Rica es de 852 días, el costo es de un 24,3% del reclamo y en índice de calidad del proceso judicial tiene una evaluación de 7,5 en una escala de 0 a 18.
El país que tiene el menor tiempo es Singapur (164 días), el que tiene el menor costo es Islandia (9%) y el que tiene la mejor evaluación judicial es Australia (15,50).
El tema de resolución de insolvencia se trata del tiempo, el costo y el resultado de los procedimientos que tiene que pasar una empresa para resolver una situación de insolvencia. En Costa Rica son tres años, con un costo de 14,5% del porcentaje de la propiedad y con una tasa de recuperación (los centavos por dólar recuperados por los acreedores garantizados) de 29,1 centavos por dólar.
El país con menor duración en este procedimiento es Irlanda, con 0,4 años; el que tiene el menor costo es Noruega, con un 1% de la propiedad, y el que tiene la mejor tasa de recuperación es Noruega, con un 93,1 centavos por dólar.
El Gobierno explicó, por medio de un comunicado, que con el Poder Judicial se realizan esfuerzos para la creación de una nueva Ley sobre Derecho Concursal que favorecería el indicador de resolución de insolvencia y obtención de crédito.
En el periodo evaluado, Costa Rica aplicó dos reformas para mejorar su clima de negocios. Una fue para facilitar el registro de propiedades, y la otra para la protección de los inversionistas minoritarios.
Para facilitar el registro de propiedades, Costa Rica redujo el tiempo necesario para transferir una propiedad a través de varias medidas, incluida la introducción de límites de tiempo efectivos.
Con relación al fortalecimiento de la protección de inversionistas minoritarios, Costa Rica logró aumentar la eficiencia administrativa mediante la promulgación de la Ley No. 9392 (Ley de Protección al Inversionista Minoritario) en octubre del 2016.
El director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, Pablo Sauma, llamó la atención en que, a pesar del avance en lo que se refiere a protección de accionistas minoritarios, en esa materia el país sigue ocupando una posición muy rezagada a nivel mundial (119 entre 190 países).
El Gobierno explicó, en el comunicado, que actualmente se trabaja en la mejora de trámites relacionados con los procesos de registro de propiedades mediante la entrada en vigencia de la plataforma RNP Fácil para agilizar el traspaso de propiedades y vehículos.
Para Roberto Artavia, presidente de VIVA Trust y de la Fundación Latinoamérica Posible, el país requiere hacer un salto mayor en el tema de la facilidad para hacer negocios.
“Con mejoras marginales no logramos mucho, debemos dar un salto enorme en reducir trámites legales, en mejorar el acceso a capital de riesgo y crecimiento, en costos operativos de energía y en mejorar capital humano. No se trata de remendar o levantar un poquito la vela, sino de poner un motor de alta potencia al clima de inversión y emprendimiento”, comentó.