La flota de vehículos eléctricos en Costa Rica creció de manera acelerada en los últimos cinco años. El aumento se percibe tanto en la cantidad de unidades registradas como en el número de marcas, modelos y tipos de automóviles que poseen los conductores.
En el 2022, el Registro Nacional de la Propiedad contabilizó 4.128 automóviles eléctricos inscritos, 63% más que los 2.529 registrados en el 2021. Esta cifra continúa creciendo pues en el corte a febrero de este año aumentó a 4.854 unidades.
La variedad de opciones también creció. Mientras que en enero del 2020, cifras del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) mostraban que los vehículos eléctricos registrados en el país se distribuían en 22 modelos de 13 marcas distintas, para febrero del 2022 la institución reportó 47 modelos (más del doble) y 24 marcas distintas.
Hace tres años, dentro de los automóviles se consideraban modelos sedanes, hatchback, Sport Utility Vehicles (SUV) y tipo ‘van’. Hoy, a esos segmentos se sumó la oferta de camiones y vehículos tipo pick-up.
Sin duda, desde el 2018 se aprecia un fuerte aumento en el registro de vehículos eléctricos en Costa Rica, y estos se explica, en parte, por la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, la cual se aprobó en ese año. Posteriormente, la Ley de Incentivos al Transporte Verde, que rige desde junio del 2022, modificó la legislación inicial, y amplió los incentivos fiscales para autos eléctricos.
Ahora, se exonera temporalmente la importación de vehículos eléctricos de los impuestos del valor agregado (IVA), selectivo de consumo y sobre el valor aduanero hasta el 2035, con una gradualidad. Además, se exime un porcentaje del impuesto a la propiedad.
Sin embargo, el dinamismo de este segmento automotriz también ha estado acompañado por un reciente polémica. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) ha emitido a la fecha tres estudios sobre los márgenes brutos de comercialización que obtienen las agencias importadoras con este tipo de vehículos.
La versión más reciente de este análisis muestra que los automóviles eléctricos se venden al público con precios de hasta 76% por encima de su valor de internamiento.
Esto ha causado disconformidad entre las agencias concesionarias de vehículos, pues varias han cuestionado la metodología del estudio hecho por el MEIC, y advierten de que no considera todos los costos relacionados a la venta de los carros, lo que desinforma al consumidor final, según argumentan los importadores.
Márgenes de la polémica
Desde el pasado mes de diciembre, el MEIC ha desarrollado tres estudios que analizan los márgenes brutos de comercialización de los automóviles eléctricos en el mercado nacional.
En esta última versión de este informe, publicada el 10 de marzo, la entidad indicó que los vehículos eléctricos en Costa Rica se venden entre 24,1% y 76,2% más caros que su valor de internamiento, el cual incluye los montos del traslado al país, seguro e impuestos.
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Carlos Aguilar, director ejecutivo de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema), ha insistido, desde diciembre, que las metodologías utilizadas por el MEIC no contemplan distintos gastos en los que incurren las agencias para calcular el margen final, por lo que el estudio no concluye los márgenes reales de venta de estos vehículos.
En eso coincidió Rodolfo Araya, director comercial regional de Hyundai Grupo Q, quien opinó que los tres informes emitidos por el MEIC, hasta el momento, proporcionan datos imprecisos, porque no contemplan otros costos como los de inscripción, el pago del marchamo, accesorios adicionales como el cargador de 220 voltios, costos de comisiones de ventas, entre otros.
No obstante, el ministro de Economía, Francisco Gamboa, explicó a La Nación que el motivo inicial del estudio es proveer información al consumidor para que este tome las decisiones de manera informada y pueda comparar entre las distintas agencias que ofrecen los vehículos eléctricos.
“Hemos sido muy claros desde el inicio que la metodología incorpora los márgenes brutos de comercialización. Esto es el precio al que se lo venden al consumidor final, menos el costo de importación; porque guarda comparabilidad entre los distintos actores y es la información pública más a la mano”, indicó el jerarca.
A pesar de eso, Gamboa afirmó que el estudio tiene una segunda finalidad, la cual es “hacer un análisis sobre cuál sería el mejor paquete de incentivos” para que el país alcance una mayor cobertura eléctrica en su flota vehicular.
El vicepresidente de la República, Stephan Brunner, indicó, en un evento de movilidad eléctrica a finales de febrero, que el Ejecutivo seguirá revisando los márgenes brutos que se dejan las agencias con la finalidad de que estas trasladen las exoneraciones de vehículos eléctricos al consumidor final.
Brunner advirtió de que en caso de que los márgenes de comercialización no se reduzcan para el próximo mes de junio, estaría impulsando una reforma a la Ley de incentivos de transporte verde para ligar las exoneraciones de esos vehículos con el margen bruto que obtienen las agencias, por lo que entre mayor sea el margen que presente un importador, menor porcentaje de exoneración tendrá.
La entrada en vigencia de esa ley exoneró el 100% del IVA para estos carros; durante el primer periodo fiscal siguiente se gravaron con una tarifa de 1% de este impuesto, e irá aumentando un punto porcentual por periodo fiscal hasta alcanzar la tarifa general del 13% en el 2035.
En los impuestos selectivos de consumo y sobre el valor aduanero, la exoneración irá disminuyendo cada tres años hasta que paguen la totalidad del impuesto de consumo y sobre el valor aduanero que corresponda, que en la actualidad es de 30% para vehículos eléctricos nuevos.