La Dirección General de Tributación detalló, este jueves 26 de marzo, en La Gaceta, el proceso que seguirá para publicar la lista de obligados tributarios que no presentaron la declaración del registro de accionistas.
Primero, se publicará un edicto en La Gaceta, donde Tributación apercibirá (hará una advertencia) a los obligados para que, en el plazo de tres días hábiles, cumplan con el suministro de la información.
Luego rige una prórroga automática por tres días hábiles más, seguidos a los primeros, para aquellos obligados tributarios que al vencimiento de los primeros tres días establecidos en el artículo 1º. de la resolución, no hayan cumplido con el suministro de la información, sin que sea necesario realizar una solicitud previa. Esto se avisará mediante un diario de circulación nacional y en redes sociales.
Una vez vencido el plazo otorgado para completar el registro, del 31 de marzo de 2020, Tributación publicará la lista de los incumplidores mediante comunicado en el sitio web del Ministerio de Hacienda (www.hacienda.go.cr).
Randall Oquendo, abogado experto en impuestos de EY, explicó que esperaría que el 1°. de abril Tributación publique el edicto en La Gaceta con el apercibimiento y la lista de incumplidores. A partir de ahí, se cuentan seis días hábiles para subsanar y pagar sin multas y luego de ello, correrían los dos castigos.
El primer castigo es que el Registro Nacional no emitirá certificaciones de personería jurídica o inscribirá documentos a favor de quienes incumplan y de igual forma, los notarios públicos deberán consignar en los documentos que emitan que el obligado al suministro incumple con la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal.
El segundo son las sanciones económicas.
“Las sanciones aplicables por la no presentación de la declaración del registro de accionistas van desde los tres salarios base ¢1.350.600 hasta los 100 salarios base, ¢45.020.000”, indicó Oquendo.
El registro de transparencia y beneficiarios finales, conocido como registro de accionistas, fue creado mediante la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, la cual estableció que las personas jurídicas o estructuras jurídicas domiciliadas en el país, por medio de su representante legal, deberán proporcionar al Banco Central de Costa Rica el registro o la indicación de los accionistas y beneficiarios finales que tengan una participación sustantiva.
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El plazo para el registro venció el viernes 31 de enero del 2020, pero una nueva ley, la número 9.810, publicada el pasado 30 de enero en La Gaceta, dispuso una moratoria de tres meses improrrogables, con sanciones graduales para quienes no realicen el registro.
Al 3 de febrero, un total de 191.638 sociedades se habían registrado y quedaban pendientes 96.532, según información proporcionada por el Ministerio de Hacienda.