La Superintendencia de Pensiones (Supén) propuso redirigir las cargas patronales destinadas a Fodesaf, IMAS, INA y el Banco Popular para fortalecer el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

También se planteó calcular el monto de la pensión con todos los salarios cotizados e igualar los requisitos de jubilación entre hombres y mujeres para que, en ambos casos, la edad de retiro sea a los 62 años.

La combinación de ambas medidas permitiría alargar la vida del fondo al 2061, muestran las estimaciones actuariales de la Supén. Esto significaría 25 años adicionales al momento previsto en se agote la reserva del régimen que es el 2036, según el último estudio actuarial del 2018.

“La situación del régimen nos obliga a hacer un replanteamiento de cómo debe ser nuestro sistema de pensiones y cómo lo hacemos sostenible (...) en el escenario hipotético planteado se logra con el traslado de todas las contribuciones que hoy se orientan a instituciones públicas”, explicó Rocío Aguilar, jerarca de la Supén.

Los escenarios de reforma al IVM, de los cuales tiene copia La Nación, se presentaron a la Junta Directiva de la Caja, el pasado 9 de julio, prevén que la redistribución de cargas sociales se realicen a partir del 2022.

El año pasado, la contribución patronal, pública y privada, para el financiamiento de programas sociales ascendió a casi ¢295.000 millones.

Aguilar enfatizó que la crisis provocada por el coronavirus profundizó los problemas del régimen, por lo cual se hace necesario presentar soluciones que generarán polémica; pero no implicarían costos adicionales ni para el trabajador ni para el patrono, y ayudarán a reducir la insuficiencia de recursos para el pago de pensiones.

El último estudio actuarial del IVM hecho por la CCSS determinó que el fondo tiene un déficit actual (horizonte de 75 años) de ¢100 billones, es decir tres veces el producto interno bruto (PIB) de este año.

Además, la contribución obrero–patronal y estatal sería insuficiente para pagar pensiones en 2027, en 2030 se comienza a usar la reserva del sistema y se agota seis años después.

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Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja, reconoció que las recomendaciones hechas por Supén van en la misma línea de trabajo de la entidad autónoma.

“Tal vez hay una visión diferente sobre las cargas sociales, pues se había planteado que de manera gradual se pudieran trasladar algunas de estas cargas sociales para financiar el IVM, como parte de una redistribución de contribuciones”, explicó Barrantes.

Hasta mayo pasado, el IVM contaba con 1,4 millones de trabajadores cotizantes. La Gerencia de Pensiones de la Caja estima, hasta el momento, una pérdida de 100.000 contribuyentes como consecuencia de la crisis generada por el covid-19.

El sistema cuenta con 294.554 jubilados y una reserva de ¢2,9 billones, según los estados financieros a mayo pasado.

Plan en detalle

La iniciativa planteada por la Supén es usar la contribución patronal de 7,25%, sobre la planilla de trabajadores para reforzar el IVM. Actualmente esos aportes financian programas sociales.

De dicho porcentaje 5% se destina al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), 1,50% al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 0,50% al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y 0,25% al Banco Popular.

Por ejemplo, para un trabajador cuyo sueldo mensual es de ¢500.000, el patrono debe trasladar ¢36.250 a estas instituciones públicas; con el cambio se destinarían a financiar el pago a jubilaciones.

“Si logramos redistribuir estas cargas (patronales) se permitiría ampliar de manera importante la vida de la reserva. Los cambios del perfil de beneficios ayudan; pero no es la solución”, recalcó la jerarca de Supén.

Aguilar añadió que de perder su financiamiento Fodesaf, IMAS e INA quedarían a cargo del Presupuesto Nacional, lo cual tendría un impacto. Sin embargo, sería mucho menor al escenario en que el Gobierno deba pagar las pensiones del IVM cuando se acabe la reserva.

El Estado está obligado a asumir el pago de la pensiones del régimen, en caso de insuficiencia de recursos, pues así lo establece el artículo 177 de la Constitución Política.

El Gerente de Pensiones de la Caja destacó que durante la última mesa de diálogo sobre el IVM, en el 2017, se planteó usar el 0,25% destinado al Popular, así como el traslado de ¢60.000 millones de Fodesaf.

Además destaco que una propuesta como esta requerirá de una reforma legal en el Congreso.

En el caso del perfil de beneficios, la iniciativa de la Superintendencia busca que para calcular el monto de la pensión se pase del promedio actual de los últimos 240 salarios cotizados, a tomar como referencia todos los sueldos calculados a valor presente.

Dicha modificación implicaría una reducción en el monto de la pensión que hoy es equivalente al 52% del salario del trabajador, reconoció Aguilar.

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La medida también dispone una equidad para la edad de retiro con el fin de que tanto los hombres como las mujeres se jubilen a los 62 años.

Hoy las mujeres pueden retirarse a los 59 años y 11 meses, si posen 450 cuotas; y los hombres a los 61 años y 11 meses con 462 cuotas.

Además se plantea que las cuotas mínimas para pensionarse por vejez sean 360 lo cual equivale a una cotización de 30 años, en vez de las actuales 300 contribuciones, es decir 25 años de aportes.

Los cambios en los requisitos de pensión del IVM pueden ser aprobados de manera directa por la Directiva de la Caja. La institución solo está obligada a realizar una consulta pública para informar sobre las reformas.

En las últimas propuestas de cambios al régimen, la CCSS ha optado por convocar una mesa de diálogo nacional, previo a cualquier decisión.