La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) exigirá a los bancos, cooperativas, financieras y mutuales más rigor en los análisis del endeudamiento de sus clientes y del valor de la garantía en función del monto del crédito.
Para conseguir el objetivo se incorporarán en la normativa crediticia del país dos nuevas herramientas. La primera de ellas servirá para calificar la capacidad de pago de las personas y empresas.
Esta medida busca identificar los casos de clientes sobreendeudados para mitigar la posibilidad de otorgarles un crédito riesgoso, explicó Javier Cascante, jerarca de la Sugef.
Si aun así se concede un crédito, la entidad financiera deberá realizar una provisión (reserva) extra de recursos para cubrir la operación riesgosa.
“Si una persona no tiene capacidad de pago es una irresponsabilidad darle un crédito, porque al final de cuentas genera un problema para el deudor y la entidad financiera”, detalló Cascante.
La otra medida es un análisis para determinar el monto de la hipoteca que se encuentra cubierto con el valor de la garantía. La determinación de dicha relación se hará por medio del indicador préstamo-valor (loan to value como se le llama en inglés).
Dicha herramienta divide el costo del crédito entre el valor tasado del inmueble y se genera un indicador de capacidad para enfrentar una deuda.
El jefe de la Sugef explicó que la entidad financiera que no aplique dicha evaluación, deberá realizar una ponderación por riesgo del 100% de la operación de nuevos créditos hipotecarios.
“La entidad financiera tendrá que hacerle una reserva adicional a la gente que está muy endeudada frente a su garantía, o que tiene una carga financiera muy alta frente a su ingreso”, enfatizó Cascante.
Además, se propuso una nueva normativa que crea una provisión adicional a la banca para las operaciones de crédito, con el fin de enfrentar los periodos económicos de aumento en la mora.
En consulta. Los cambios están actualmente en consulta y son una continuación a la reforma avalada en el 2013 que restringió el crédito en dólares a los no generadores de esta divisa.
María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), aseguró que la banca conoce el nivel de endeudamiento de las personas dentro del sistema financiero, pero no fuera de él.
“Es vital incluir la información de deuda comercial, pues solo así se podrá tener una visión integral y real de endeudamiento del individuo”, dijo Cortés.
El saldo de operaciones crediticias del sistema financiero nacional ascendió, en agosto anterior, a ¢15,3 billones según datos del Banco Central.
Otra de las nuevas medidas que genera críticas es la exigencia a las empresas de presentar una declaración jurada del impuesto sobre la renta para poder acceder a un financiamiento.
Dicho requisito sería obligatorio para todos los nuevos créditos que formalicen las entidades financieras.
“La propuesta genera dudas en su aplicación y beneficio. ¿Qué pasa en el otorgamiento de crédito a las empresas nuevas o con poco tiempo de operación? La declaración de renta representa una foto financiera a un momento”, aseguró Manuel Bolaños, gerente de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Annabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, confirmó que se oponen a esta última disposición, pues es condicionar un crédito a un tema tributario.
Cascante aseguró que el requerimiento está incorporado entre los parámetros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entidad a la cual el país aspira actualmente a ingresar.
Ortega detalló que las entidades reguladas aún realizan un análisis de las propuestas, pues abordan temas complejos con un impacto económico a lo interno de cada una de las instituciones.
La Superintendencia dio plazo hasta al 30 de setiembre para recibir observaciones, posteriormente, las nuevas reglas entrarán a regir.
Nota del redactor: La fotografía inicial de la nota se cambió, pues las personas de la imagen no tenían ninguna relación con el tema.