La situación del fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es cada vez más crítica.
Previo a la pandemia del coronavirus, la proyección era que la reserva se agotara en el 2036. Con los efectos económicos del covid-19 dicho panorama podría empeorar.
Ante una coyuntura crítica, la vía planteada por la Superintendencia de Pensiones (Supén) es de acordar cambios drásticos para cerrar el déficit actuarial del régimen, el cual es de tres veces la producción del país, enfatizó Rocío Aguilar, jerarca de la entidad.
La funcionaria acepta que los planteamientos son polémicos, pues se propone redireccionar, a partir del 2022, la contribución patronal del 7,25% a instituciones sociales para el IVM.
También propone modificar los beneficios de jubilación para los trabajadores.
La combinación de ambas medidas alargaría la vida de la reserva del régimen hasta el 2061, según la iniciativa presentada el pasado 9 de julio a la Junta Directiva de la Caja.
– Con las medidas planteadas a la Directiva de la Caja la vida del fondo se alarga por casi tres décadas adicionales.
– La situación de la pandemia ha agudizado los niveles de ingresos para hacerle frente al nivel de obligaciones. El igualar requisito por sexo, edad o usar como salario referencia todos los sueldos históricos, ajustados por inflación, posiblemente no sea suficiente para poder resolver el problema.
“Por lo tanto, hay que tomar otro tipo de medidas. Entonces, aquí lo que suponemos es un reacomodo de las actuales cargas sociales: Fodesaf, IMAS, INA y el Banco Popular. Si lográramos redistribuir esas cargas, evidentemente, el escenario permitiría ampliar de manera importante la vida de la reserva (del IVM).
“El primer ajuste en los beneficios amplían en cuatro o cinco años la reserva. Pero según la propia Caja, ese ajuste podría ser unos años más. Pero aún así, no es la solución porque el déficit actuarial es de tres veces y medio el producto interno bruto. Hay que tomar decisiones urgentes para cerrar déficit del IVM”.
– ¿Es un cambio fuerte?
– Aquí hay cargas que se deben redistribuir. No es posible seguir en un modelo que dependa al 100% de un recargo de la planilla.
“Este es el tema de fondo que hay que ir a resolver. La profundización del envejecimiento de la población y los cambios en el mercado laboral nos obligan a hacer una revisión exhaustiva. Además de un replanteamiento de cuál debería ser nuestro sistema de pensiones, cómo debería ser y cómo lo hacemos sostenible más allá de los años 2040, 2041 o 2042”.
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– ¿Pero cuando se corren ambos escenarios se llega al 2061?
– Sí, pero se asume el traslado de todas las contribuciones que hoy se orientan a instituciones como por ejemplo al INA. El supuesto es que hoy día se tiene un porcentaje en educación del 8% (del gasto con relación al PIB) y que con este cambio demográfico las mayores necesidades las vamos a tener en ambas poblaciones, pero más de un lado. Entonces, ese 8% puede usarse para financiar la educación pública y el INA.
“Al fin y al cabo, este déficit actuarial es una contingencia fiscal. Entonces, si el Estado debe echarse en su espalda ese déficit, es momento de pensar en un reordenamiento de las diferentes cargas de la planilla.
– ¿En el escenario de mayor sostenibilidad se pasan íntegras, al IVM, todas las contribuciones patronales a entidades sociales?
– Sí, en el escenario hipotético. Obviamente no tiene la respuesta de cómo se financia lo demás. Pasa al supuesto de que se financiará vía Presupuesto Nacional, lo que pasa es que el Presupuesto tiene un déficit cuantioso.
“Se tiene un Estado con déficit fiscal que además tiene, en el muy corto plazo, un gran déficit actuarial (en el IVM)”.
– El déficit actuarial del IVM crecerá más rápido que el déficit fiscal.
– Crecerá muchísimo más rápido, por la razón de que la pandemia profundiza los problemas del mercado de trabajo y los ingresos de cuotas bajan, frente al aumento en el gasto cada vez mayor en pago de pensiones.
“Por ejemplo el déficit operacional, es decir cuando los gastos son más altos que los ingresos, se tiene estimado al 2027, a la vuelta de la esquina. Si a esto se agrega el impacto de la pandemia, se verá en el corto plazo.
– ¿La iniciativa traerá polémica?
– Va a traer mucha porque en el otro escenario es decir, modifico el régimen básico, bajo la tasa de reemplazo (monto de pensión) de manera muy drástica y doy pensiones de supervivencia.
“Hay dos propósitos. Urge una decisión. Esa decisión no puede estar anclada ya solo en perfil de beneficios, ayuda pero no lo resuelve. El tema es cómo vamos a resolver el déficit actuarial en un país que enfrenta un envejecimiento de la población, menor tasa de natalidad y cambios importantes en el mercado laboral.
“También se podría decir, iré aumentando la edad conforme la expectativa de vida. O bien, esta que no se ha plateado, es si el Estado contribuye como patrono de forma desigual en diferentes regímenes, ¿hasta dónde es sostenible hacerlo de esa manera?.
“En el IVM se aporta 5,75% como patrono, en el del Magisterio 6,75% y en el Poder Judicial un 14,36%. Entonces la pregunta es de dónde más puedo ir haciendo ajustes”.
– ¿El calcular la pensión con todos los salarios cotizados disminuirá la tasa de reemplazo?
– Obviamente puede disminuir parte de la pensión. Pero tenemos dos extremos de la pensión mínima y un tope. Estas dos cosas me generan un efecto fricción en las medidas.
“La respuesta no es sí o no. Dependerá de dónde esté la persona (en nivel salarial). Ahora, el nivel de cotización del IVM da para una tasa de reemplazo del 30%, pero el régimen (en la práctica) da una del 52%. Por supuesto, es lo que genera el importante déficit”.