Ni la educación, ni la infancia, ni las comunidades, entre otros, recibirán en el 2014 los dineros que establecen las leyes.
En total, el Estado incumplirá con el traslado de ¢280.000 millones a dependencias, según el plan de gastos presentado por el Gobierno para el próximo año.
Así lo señaló la Contraloría General de la República en el informe técnico del proyecto de ley de presupuesto ordinario del 2014. También hay un grupo de entidades que recibirá más de lo que exige la legislación.
Sobre la razón de los incumplimientos, el ministro de Hacienda, Édgar Ayales justificó en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios, el 3 de setiembre pasado, que la Constitución Política además le exige mantener las finanzas públicas equilibradas y sanas.
El presupuesto del otro año lleva implícito un déficit financiero equivalente al 6,25% de la producción interna.
Ayer se consultó al Ministerio sobre las entidades que reciben más de lo que las leyes señalan, pero el viceministro de Hacienda, encargado del gasto, José Luis Araya, solicitó más tiempo para estudiar el informe.
La historia se repite todos los años y surge porque hay leyes que asignan recursos a obras determinadas (conocidas como destinos específicos), pero el Gobierno alega que no tiene el dinero para cumplir con todas. Se han creado 89 destinos, según la Contraloría.
Queja de entidades. Las entidades, por su parte, lamentan no poder realizar todos los proyectos planeados.
El ministro de Educación, Leonardo Garnier, explicó el 2 de setiembre pasado que el monto asignado en el presupuesto le permitirá al Ministerio continuar con su giro normal, pero advirtió que no se podrán realizar otras inversiones necesarias en infraestructura y equipos.
En el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Bernal Navarro, coordinador del Departamento de Administración de Presupuesto, indicó que el artículo 34 inciso a) de la ley orgánica de la entidad establece que una de sus fuentes de financiamiento es el equivalente al 7% del impuesto sobre la renta.
“Este ingreso nunca lo ha hecho efectivo el Gobierno en su totalidad. En años anteriores nos han girado aproximadamente un 1% de lo recaudado por ese concepto; para el año 2014, nos han comunicado oficialmente que nos asignan un monto por ¢17.500 millones que representa aproximadamente un 1,87% de lo recaudado por concepto de impuesto sobre la renta”, detalló.
Con estos recursos se financia el programa sustantivo, más el costo del programa administrativo que incluye alimentos y vestuario de los menores de edad, entre otros.
Al PANI igualmente le corresponde parte de lo que se recauda por los impuestos sobre licores y cigarrillos, que tampoco son asignados en totalidad y con los cuales sufraga becas y proyectos de reinserción educativa para las madres adolescentes.
Se consultó a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) y al Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas), pero no fue posible obtener ayer las respectivas respuestas.
¿Qué hacer? En el informe, la Contraloría llama a la acción.
“Ante esta situación, el proyecto (de presupuesto) anticipa un diálogo nacional para alcanzar una consolidación fiscal, mediante eventuales reformas a los principales impuestos y en el manejo del gasto; sin embargo, aún no se presentan sensibilizaciones de estas medidas, que se darían a conocer en los próximos meses”, dice la Contraloría.
Para el abogado constitucionalista Fabián Volio, las leyes generales de efecto permanente, que asignan los destinos específicos, son superiores a la ley de presupuesto.
Por lo tanto, primero el presupuesto se confecciona conforme a lo dispuesto en esas leyes y, si sobra, se reparte para todo lo demás. Pero como eso no es realista, se han creado todas las tesis de imposibilidad.
Para Volio la solución es enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que derogue todas las leyes con destino específico (que asignan porcentajes de tributos) y en su lugar se de a cada entidad beneficiaria un monto anual fijo, que se ajuste cada año con la inflación.
Asegura que esa es la gran reforma tributaria que requiere el país, sin necesidad de modificar un solo impuesto.