Con la nueva Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, más conocida como ley de caja única, el Ministerio de Hacienda espera que las entidades ejecuten obras por un monto de entre ¢250.000 millones y ¢300.000 millones.
Esta ley, que pronto se publicará en La Gaceta , le otorga un plazo de dos años a las entidades que reciben fondos del Gobierno para ejecutar el superávit libre que tienen en caja única.
A las juntas de educación se les da dos años extra cuando demuestren el inicio de algún trámite para ejecutar un proyecto.
La legislación incluye a entidades como el Consejo Nacional de Vialidad, el Fondo Nacional de Becas, la Comisión Nacional de Emergencias, las juntas de educación, los municipios y asociaciones de desarrollo, entre otras.
¿Cómo funciona la caja única? Martha Cubillo, tesorera nacional y José Francisco Pacheco, viceministro de Hacienda, encargado de Gasto, explicaron que la caja única funciona como un banco para las entidades.
En dicha caja se establecen cuentas para cada institución, en donde se consignan los recursos a los que tienen derecho, pero el dinero no está ahí, no está ocioso.
En las cuentas de caja única que el Ministerio de Hacienda publica en Internet hay tres tipos de fondos, según Cubillo.
Unos corresponden al superávit libre, que son dineros que sobraron de periodos anteriores y que no tienen ningún proyecto asignado, también están los del superávit específico, los cuales están comprometidos con una obra y los movimientos de la operación normal del año.
La nueva ley obliga a utilizar el superávit libre. De esta forma, actualmente hay contabilizados ¢810.626 millones en caja única en moneda local y $225 millones en dólares. El superávit libre ronda los ¢250.000 millones.
La Nación solicitó al Ministerio de Hacienda el detalle de superávit libre que registró cada institución al cierre del año 2015, pero hasta este lunes no fue posible obtener una respuesta.
Pacheco y Cubillo dijeron que su principal objetivo con esta ley no es quitarle los recursos a las entidades, sino que los ejecuten.
Según Cubillo, entre las instituciones que han mostrado una mayor ineficiencia en el uso de recursos se encuentran municipalidades, juntas de educación y asociaciones de desarrollo.
Yanina Soto, presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), manifestó que hay varios factores los cuales afectan la ejecución eficiente de los presupuestos.
“Se puede mencionar que existe una incertidumbre acerca de la disponibilidad de recursos de la caja única, también la tramitomanía que requiere la contratación administrativa para la ejecución de estos recursos y una planificación débil, sobre todo cuando se trata de partidas específicas. A esto se puede sumar que la formulación y gestión de los proyectos no siempre se hace en el plazo requerido”, agregó.
Señaló que algunas soluciones son pasar de presupuestos anuales a bianuales, agilizar los procesos a través de sistemas de compra automatizada y modificaciones en la Ley de Contratación Administrativa.
Se consultó a varios ministerios, pero no fue posible tener respuesta.