El alto desempleo generado por la pandemia de la covid-19 y el rápido crecimiento en el gasto de la atención médica de adultos mayores provocarán problemas en el financiamiento de la atención médica pública, a partir del 2024, momento en que reportará un déficit de ¢89.166 millones, el cual empeorará en los años siguientes, hasta alcanzar los ¢4.057.342 millones, en el 2034.
Así se detalla en la más reciente Valuación Actuarial al Seguro de Salud, con corte a setiembre del 2020, presentado ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el pasado 18 de noviembre, por parte de la Dirección Actuarial y Económica.
Los resultados del estudio provocaron una fuerte crítica en la mayoría de los miembros de la Directiva de la entidad autónoma. De hecho los integrantes del órgano colegiado rechazaron el informe y ordenaron a la Dirección Actuarial elaborar un nuevo informe, con datos a noviembre del 2021, para que tome en cuenta el proceso de recuperación de la economía y de cotizantes del SEM, según costa en el acta 9.224.
Gustavo Picado, gerente Financiero, confirmó que la Directiva solicitó un nuevo estudio, con información más reciente, pues puede modificar el escenario planteado en el documento.
“La posición financiera actual del Seguro de Salud, es estable y sólida; pese a las consecuencias que ha tenido la caída en la actividad económica, el aumento del desempleo, y el incremento en el nivel de gasto e inversión para enfrentar la pandemia”, destacó Picado.
En el informe actuarial se reconoce que los resultados se ven influenciados por el drástico golpe dado por la crisis sanitaria a las finanzas de la institución, principalmente por la alta tasa de desocupación que, durante el 2020, superó el 20%. Sin embargo, advierte que aunque haya una recuperación en el nivel de empleo formal, el ascenso de los egresos del SEM debe continuar en los próximos años.
“Es importante acotar que en el mediano y largo plazo se continúa presentando una fuerte presión en el crecimiento de los gastos, la cual es mayor que el crecimiento de los ingresos, situación que se ha señalado en anteriores valuaciones actuariales”, se destaca en el documento, de 119 páginas, del cual tiene copia La Nación.
LEA MÁS: Bajar cesantía de sus empleados de 20 a 8 años ahorrará a la Caja ¢889.000 millones
El incremento en el gasto se explica por el envejecimiento de la población que generará la mayor demanda de los servicios de salud por parte de los adultos mayores. En el 2020, los asegurados mayores de 66 años representaron el 23% del gasto en atención médica de la Caja y, para el 2034, se elevará al 34%.
El seguro de salud se financia con la contribución de 1,8 millones de trabajadores, 72.000 patronos y el Estado. Los primeros cotizan 5,50% del salario mensual; los patronos públicos y privados aportan el 9,25% y la cuota estatal es de 0,25%.
El informe actuarial se hizo con un horizonte de análisis de 15 años por tratarse de un sistema de reparto, es decir, que las contribuciones ingresan a la Caja y se usan el mismo año para sufragar los gastos de la atención médica de los asegurados, compra de medicamentos y el pago de la planilla.
Resultado polémico
Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, enfatizó que la proyección actuarial se hizo cuando las finanzas de la institución eran golpeadas por la covid-19.
“Los números de la proyección (actuarial) son del peor momento del 2020 y ni siquiera al final porque la recuperación del empleo fue después de setiembre. Pero la economía crece de manera más robusta. Los ingresos de la Caja y el número de cotizantes, a octubre de este año, es mayor a febrero del 2020 previo a la pandemia”, destacó Macaya.
El jerarca agregó que también debe incluirse el efecto del traslado de más de $200 millones que el Gobierno hará a la Caja como consecuencia de préstamos con organismos multilaterales dados al Poder Ejecutivo.
LEA MÁS: Seguridad social se convierte en un pasivo difícil de sostener para el Estado
Los diputados acordaron, durante este año, que de préstamos de apoyo presupuestario aprobados al Ministerio de Hacienda se trasladará el 10% del monto a la CCSS.
Luis Guillermo López Vargas, director de la Dirección Actuarial, reconoció que cuando se hizo la proyección no se tomaron en cuenta los recursos de los préstamos, porque no estaban contemplados al momento del análisis.
Fabiola Abarca, representante del Gobierno en la Directiva, afirmó que no estaba cómoda de dar por recibida la valuación actuarial, dada la nueva realidad del SEM.
“El informe con el estado de la economía está desactualizado. No me siento a gusto sacar conclusiones con base en este estudio”, destacó Abarca.
Para Marielos Alfaro, representante del sector patronal en la Directiva, más allá del efecto la covid-19, en el mediano y largo plazo se continúa presentando una fuerte presión en el crecimiento de los gastos del seguro de salud.
“Este informe tiene conclusiones que van más allá del tema de si hoy me ofrecen o no información actualizada, o sea, me está hablando de mantenimiento de tendencias (en los gastos) (…) las conclusiones hacen una acotación de que son situaciones que se vienen presentando desde antes y no puedo ignorarlo”, afirmó Alfaro.
Desequilibrio financiero
El estudio realizó una proyección en la cual los ingresos del SEM serán insuficientes para hacerle frente a los gastos del régimen, por lo cual se deberá hacer uso de la reservas para hacerle frente a las inversiones en nueva infraestructura de salud.
“Los efectos más significativos de esta pandemia para el Seguro de Salud son por el lado de ingresos, producto del desempleo y el posible aumento de la morosidad del Estado”, se destaca en el informe.
De hecho la Dirección Actuarial destacó que, durante el 2020, el monto pagado de las obligaciones estatales fue de ¢235.800 millones, pero lo que realmente debió ingresar fueron ¢677.300 millones, es decir una diferencia de ¢431.500 millones.
Entre las principales conclusiones del informe se destaca que la Gerencia Financiera presente a la Junta Directiva opciones de nuevas fuentes de financiamiento del Seguro de Salud, así como elevar la cobertura contributiva, en especial, con los trabajadores informales.
También fortalecer la figura del teletrabajo para reducir los gastos administrativos en alquileres y servicios.