Aunque es el empleador más grande en el país, el Estado costarricense desconoce cuántos trabajadores tiene contratados.
José Joaquín Arguedas, quien tiene 32 años de laborar en la Dirección General del Servicio Civil y actualmente la dirige, explicó que para el Gobierno Central es posible tener un dato más exacto, de unos 35.000, pero que del resto del sector público poco se sabe.
“Eso es producto, precisamente, de la aparatosa fragmentación de la administración pública y de la ausencia total de la rectoría política del empleo público por la que nosotros hemos implorado desde hace dos décadas y más recientemente la Contraloría General de la República”, mencionó Arguedas.
Lo que se utiliza para hacer aproximaciones son las encuestas que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Por ejemplo, la última Encuesta Continua de Empleo, del II trimestre del 2013, detectó unos 295.000 trabajadores del sector público.
Otras contrariedades. La incertidumbre en torno a la cantidad total de empleados no es el único problema en el empleo público.
En su Memoria Anual del 2007, la Contraloría General de la República señaló, además de la carencia de un registro de servidores, la falta de una rectoría así como la proliferación de sistemas de remuneración, evaluación de desempeño e incentivos.
Otra dificultad es que los salarios de los trabajadores –y de quienes se pensionaron–, están ligados entre sí, lo cual impide hacer mejoras a los que menos ganan.
Un ejemplo fue lo que pasó cuando entre el 2008 y el 2010 se hizo un incremento a los trabajadores del Gobierno Central, que eran los que ganaban menos, el cual desembocó en un incremento casi generalizado en todo el sector público que explica, en parte, el déficit fiscal actual.
En el Gobierno Central, el gasto en remuneraciones, que incluye el pago de salarios y cargas sociales, representó en los primeros nueve meses de este año un 34% de los gastos totales y aumentó un 84% entre el 2006 y el 2012.
Según señaló Augusto de la Torre, economista jefe del Banco Mundial, quien participó en una exposición el jueves 14 de noviembre en La Nación, Costa Rica es el único país en América Latina donde los empleados públicos ganan más que los privados.
En el documento En Ruta hacia la Consolidación Fiscal: Agenda para un Diálogo Nacional, el Ministerio de Hacienda señala que los trabajadores de instituciones públicas reciben un salario 49% mayor a los empleados del sector privado.
Sin frutos. Las opciones para ordenar la situación no han fructificado. Actualmente el Gobierno realiza un nuevo intento con las ideas incluidas en el documento de Consolidación Fiscal.
Dichas ideas incluyen opciones por el lado de la política de contratación, como el congelamiento de plazas; y por el lado de la política salarial, como establecer un ajuste por costo de vida vinculado con el salario total y no con el salario base, reducción en el ritmo de acumulación de anualidades, limitar el pago por dedicación exclusiva y definir un límite de 10% del salario total a otros pluses distintos de anualidades y dedicación exclusiva, entre otros rubros.
De acuerdo con Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep), el primer paso para ordenar el empleo público debe ser el “desenganche” entre los salarios de los profesionales en ciencias médicas y el Gobierno Central.
Para el ministro de Trabajo, Olman Segura, la prioridad debería ser homogeneizar un sistema de salarios para el sector público. Citó como ejemplos, tener una anualidad pareja para todo el sector público o iguales años de cesantía.
“Una ley de empleo público con aplicación a futuro, pero iniciando pronto, equitativa, respetando derechos adquiridos, negociada hasta donde sea posible, es insoslayable”, opinó Arguedas.