La Contraloría General de la República certificó ingresos corrientes por ¢7,2 millones de millones para el presupuesto ordinario del Gobierno en el 2023, que presentará a la Asamblea Legislativa, a más tardar, el próximo jueves 1°. de setiembre.
Este monto supera en 19,3% la certificación de ingresos que la Contraloría realizó al Ministerio de Hacienda en agosto del 2021, para el presupuesto del 2022.
El presupuesto ordinario contiene el detalle de los ingresos que prevé recibir el Gobierno el próximo año y los gastos previstos. Los gastos que no se logren cubrir con los ingresos corrientes, que son los que provienen, principalmente, de la recaudación de impuestos, se financian con endeudamiento.
Al Banco Central le corresponde realizar la certificación del endeudamiento. Este diario solicitó dicha certificación a la entidad y ésta respondió que está en proceso de elaboración y que una vez lista se debe gestionar la petición al Ministerio de Hacienda.
El presupuesto 2022 originalmente presentado fue por ¢11,5 millones de millones y se financió en 53% con ingresos corrientes y 47% con deuda.
El aumento del gasto total del presupuesto 2023 tiene un límite de 2,56% respecto al plan de gasto del 2022, según el cálculo de la regla fiscal, la cual está contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (número 9.635).
El 2,56% máximo del plan de gasto del 2023, el cual será ejecutado en su totalidad por el nuevo Gobierno, es un poco mayor al 1,96% que tuvo como techo el presupuesto del 2022.
Desglose de impuestos
La certificación de la Contraloría considera una recaudación de impuestos para el 2023 de ¢6,5 millones de millones.
En una respuesta escrita el área de Fiscalización para el Desarrollo de Finanzas Públicas de la Contraloría explicó que el Ministerio de Hacienda es el responsable de realizar las estimaciones, según se establece en los lineamientos relativos. La competencia de la Contraloría es certificar la factibilidad o razonabilidad de dicha información.
Los ingresos estimados por Hacienda consideran los supuestos macroeconómicos del Banco Central de Costa Rica, en el Informe de Política Monetaria de julio 2022, en el cual se estima un crecimiento en la producción para el próximo año de 3,2%.
En su respuesta, la Contraloría añadió que como porcentaje de la producción interna del país, la carga tributaria se mantiene estable (13,9% en 2022 y 13,8% en 2023).
Se consultó tanto a Hacienda como a la Controlaría si el órgano dispuso de información del segundo trimestre del año para la estimación, debido a que Hacienda no ha publicado dichos datos por el ataque cibernético.
La Contraloría respondió que el Ministerio de Hacienda le indicó que se trabajó con la información de la liquidación de ingresos definitiva al mes de abril emitida por la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda. También se consideró información suplementaria, proveniente de los informes de caja de la Tesorería Nacional y de liquidaciones muy preliminares de mayo o junio, para realizar las estimaciones de cierre del año 2022 y las proyecciones del 2023.
En su certificación, la Contraloría General de la República explica que ésta se emite en términos de “razonabilidad”, en tanto se refiere a estimaciones de ingresos futuros sujetas a supuestos (hechos futuros e inciertos), realizadas con base en registros administrativos, y sujetas a riesgos adicionales que de materializarse podrían generar desvíos respecto a los valores esperados de los ingresos.
Entre estos, cita, las “limitaciones en la disponibilidad y precisión de cifras relativas a la recaudación histórica , así como datos sobre la recaudación efectiva de ingresos por parte de Órganos Desconcentrados, podrían haber incidido en las previsiones de recaudación”.
El órgano contralor también apuntó que puede darse el riesgo de una baja en las perspectivas de crecimiento económico y cambios en las variables macroeconómicas, tal como lo han ajustado diversas entidades, así como eventos disruptivos que incidan sobre la actividad económica.
A esto se pueden sumar, también, reformas administrativas y legales, la rectificación que se pueda dar de pagos parciales de renta, así como eventuales efectos de rebrotes de la pandemia sobre la economía.