Si se quiere atacar el déficit fiscal por la vía de recortar gasto público, el Ministerio de Hacienda estimó que lo máximo que se podría lograr con todas las opciones recogidas hasta ahora, es un monto equivalente al 2,1% de la producción al cabo de 5 años.
Eso equivale a unos ¢523.000 millones, según la producción estimada para este año y es menos de la mitad del déficit del Gobierno, que, para el 2013, se prevé en un 5% de la producción.
“Este es un conjunto de opciones que no constituyen una propuesta del Gobierno y sobre las cuales no necesariamente hubo consenso, pero que sirven de base para una discusión nacional”, señala el documento En ruta hacia la consolidación fiscal: agenda para un diálogo nacional , dado a conocer el jueves por Hacienda.
El ministro de esa cartera, Édgar Ayales, insistió en que se trata de un diagnóstico y un menú de opciones para discutir, el cual surgió de consultas realizadas en 60 reuniones de trabajo.
El texto también contiene medidas en la parte de ingresos, hace propuestas de gobernabilidad, de endeudamiento público e inversión y sobre ambiente.
La mesa de diálogo sobre el nivel y calidad del gasto público se reunirá el próximo 7 de noviembre.
Dura discusión. Según las estimaciones de Hacienda, lo que más generaría ahorro sería no aumentarle los recursos a educación de 7% de la producción a 8%, solo eso son ¢248.000 millones, la mitad de la estimación total.
No obstante, la iniciativa hace énfasis en promover la eficiencia en este gasto. El ministro de Educación, Leonardo Garnier, discrepó de algunas afirmaciones del texto.
El segundo lugar lo comparten un grupo de modificaciones en los salarios del sector público y en las pensiones, las cuales cuestionan los sindicatos y respaldan los empresarios.
Carlos Cabezas, secretario general de la Central General de Trabajadores, explicó que el Gobierno les propuso un proyecto de ley en el pasado para limitar los pluses salariales como las anualidades y la dedicación exclusiva, pero lo rechazaron. Afirmó que no ha estudiado el nuevo documento, aunque prevé que trae las mismas propuestas.
“Las ideas expuestas por el ministro en el plan de consolidación fiscal, tendientes a reducir el crecimiento del gasto público, van en la dirección correcta. A sabiendas de que la mayor parte del gasto del Gobierno Central es en forma de salarios y transferencias (ligadas al crecimiento de los salarios), es fundamental detener el crecimiento automático del gasto”, comentó Luis Mesalles, vicepresidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
Por su parte, los regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional se cerraron, casi todos, en 1992 con la Ley Marco de Pensiones; no obstante, hubo una masa de trabajadores activos que ya pertenecía a ellos y sigue ahí.
Según explicó el Ministerio de Hacienda, mediante una respuesta escrita, una vez que todos los trabajadores activos que forman parte de estos regímenes se hayan pensionado, el costo bajará; sin embargo, se proyecta que se requerirá más de una década para que la reducción sea significativa, como proporción de la producción.
El régimen de pensiones con cargo al Presupuesto que sigue abierto es el del Poder Judicial.
En la lista de ideas para contener el crecimiento en este rubro, se encuentran, entre otros, aumentar la contribución del trabajador activo y del pensionado, poner un tope máximo a las pensiones y eliminar el retiro antes de los 60 años.
Se consultó al Poder Judicial sobre las ideas y señalaron que estudian el documento.
El otro grupo de opciones para controlar el gasto está relacionado con revisar las leyes que obligan al Estado a dar recursos a entidades o proyectos específicos.