Las municipalidades tienen cada vez más recursos, pero mantienen problemas para ejecutarlos.
De acuerdo con el informe de presupuestos públicos del 2018, de la Contraloría General de la República, entre el 2012 y el 2017 el presupuesto definitivo de las municipalidades pasó de aproximadamente ¢400.000 millones anuales, a unos ¢673.000 millones, el año pasado.
No obstante, la ejecución presupuestaria de los gobiernos locales, que es el dinero que realmente utilizan respecto al total disponible, fue de 72% en el 2015 y 2016, y de 71% en el 2017, lo cual implicó dejar de usar, ese año, unos ¢199.000 millones.
De acuerdo con el informe de la Contraloría, entre las instituciones públicas la ejecución del Gobierno Central es la mejor, con 95% en el 2016; luego le siguen las instituciones descentralizadas no empresariales como la Caja Costarricense de Seguro Social, las instituciones públicas financieras como los bancos; los órganos desconcentrados como el Consejo Nacional de Vialidad y, por último, los gobiernos locales y las empresas públicas no financieras, como la Refinadora Costarricense de Petróleo.
Según la Contraloría un porcentaje mayor de 15% que se presupuesta y no se ejecuta se debe considerar deficiente.
En el caso de los gobiernos locales, desde el 2016 se les aumentó las transferencias del Gobierno en cerca de ¢20.000 millones más por año producto de la aprobación de la Ley Especial para la Transferencia de Competencias (9.329), que les asigna una mayor tajada de la recaudación del impuesto a los combustibles para que asuman la atención plena de la red vial cantonal, pero no todos estos recursos se están utilizando.
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“Acerca de la red vial cantonal, que para el año 2016, el porcentaje promedio de cumplimiento de las metas programadas para mejorar dicha red vial fue de 61,8%, por lo que hay pendientes esfuerzos adicionales por parte de los gobiernos locales para gestionar de manera eficiente y eficaz estos recursos, sobre todo en un contexto en donde las asignaciones originadas en recursos del Presupuesto Nacional han ido en ascenso”, comentó la Contraloría en el informe.
Según explica la Contraloría, cuando las entidades no utilizan todo el dinero presupuestado se genera superávit presupuestario, que en el período subsiguiente se presupuesta como recursos de vigencias anteriores, propiciando un ciclo de acumulación de este concepto.
“Los gobiernos locales tienen como propósito fundamental de creación, velar por los intereses y servicios de su municipio, por lo que se espera que los recursos reales sean destinados, de forma prioritaria a ese propósito, sin que se mantengan recursos ociosos”, añadió el órgano contralor.
Para el 2018, el monto total aprobado en los presupuestos municipales iniciales de las municipalidades asciende a ¢564.228 millones, monto que comprende 44 presupuestos aprobados en su totalidad y 34 aprobados parcialmente.
No se consideraron las municipalidades de Coto Brus, Matina y San Mateo, debido a que esos presupuestos fueron improbados.
Según una respuesta escrita del Área de Servicios de Administración Financiera de la Contraloría, los problemas de ejecución pueden estar relacionados con los gastos de capital (los que son para obras).
Según la estructura de ingresos y gastos, las principales erogaciones son las remuneraciones, que son un 38%, y la segunda los bienes duraderos, que son las obras, las cuales abarcan un 21,7% del presupuesto total aprobado para el 2018.
Versión de ayuntamientos
Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, explicó que hay dos factores que pueden explicar el porcentaje de subejecución de las municipalidades. Uno es que por las limitaciones de recursos del Gobierno Central, algunas veces les transfieren el dinero al final del periodo y, por lo tanto, les resulta difícil ejecutarlos en ese año.
Otra razón que citó es que a veces hay factores políticos que influyen; por ejemplo, confrontaciones políticas entre regidores y alcaldes que dificultan que los concejos municipales aprueben las grandes licitaciones. Otras veces los regidores que ingresan son nuevos y les lleva tiempo conocer los procesos para ejecutar las obras.
“Mucho tiene que ver con que tengamos la planificación y la presupuestación adecuada, que tengamos los funcionarios que se requieren para los proyectos y se tenga la capacidad de hacerlos, y no tengo duda que el trabajo de la mano, sin asuntos políticos, del concejo municipal y la administración, en la figura del alcalde, tienen que trabajar juntos para que los proyectos y los presupuestos salgan en puño y forma”, comentó Randall Madrigal, alcalde de Santo Domingo de Heredia.
Wilbert Martín, alcalde de Atenas, también señaló el aspecto de que los recursos de la ley 9.329 llegan tarde en el año y entonces se ejecutan al año siguiente, y comentó que también las municipalidades están comenzando a trabajar con el sistema único digital de compras públicas del Ministerio de Hacienda, lo cual a veces les genera atrasos pues están aprendiendo a utilizarlo.
También se consultó al Instituto Fomento de Asesoría Municipal, pero al cierre de edición de esta información no se había obtenido respuesta.