El próximo lunes 22 de enero, 162.000 funcionarios estatales recibirán el pago del salario escolar. El monto total de dicha remuneración asciende a ¢160.114 millones, según confirmó Nogui Acosta, ministro de Hacienda, a La Nación.
Los servidores que recibirán este pago laboran en el Gobierno Central (ministerios y órganos desconcentrados), Asamblea Legislativa, Defensoría de los Habitantes, Contraloría General de República, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y Poder Judicial.
El cálculo del monto se basa en los salarios brutos devengados (incluyendo extraordinarios) desde el 1.° de enero hasta el 31 de diciembre del año anterior, multiplicados por 8,33%, lo que equivale, aproximadamente, a un salario mensual percibido durante ese periodo.
El salario escolar está exento del impuesto sobre la renta, pero se aplican retenciones por cuotas obreras a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), embargos, pensiones alimentarias y deducciones por afiliaciones a sindicatos, cooperativas, asociaciones, entre otros.
En cuanto al monto proyectado para el 2024, se observa una disminución de ¢2.300 millones con respecto al año anterior y de ¢3.700 millones menos en relación con el 2022. Nogui Acosta explicó que los montos en los proyectos presupuestarios son aproximados.
Según sentencias de la Sala IV, el salario escolar forma parte de la remuneración ordinaria de los funcionarios, y se originó por un aumento salarial que el gobierno de José María Figueres (1994-1998) no pudo pagar en su momento, y decidió compensarlo como un décimo tercer salario en enero.
La resolución 002529-2022, del 18 de octubre de 2022, del Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José, indica que las instituciones estatales no deben reconocer el pago del salario escolar a los funcionarios públicos contratados bajo el esquema de salario único o global, pues ese beneficio ya está contemplado en las escalas de salario global.
Por otro lado, la resolución 001118-2023 de la Sala II determinó que las municipalidades no están obligadas a pagar el salario escolar a sus funcionarios. Según los magistrados, el Código Municipal no incluyó el salario escolar, por lo que cada gobierno local decide si lo aplica o no, y de qué manera lo implementa.