El abogado Mauricio Brenes Loaiza presentó, ante la Sala Constitucional, un recurso de amparo contra la Junta Directiva del Banco Central (BCCR) por la obligación de digitar el PIN (personal identification number) en los comercios para autenticar las compras superiores a ¢30.000 con tarjetas bancarias. Brenes argumentó, que este mecanismo es una “violación al derecho general de salud”.
El recurso se tramita bajo el expediente 22-001908-007-CO y fue presentado por Brenes, la semana pasada, luego de conocer la decisión del BCCR sobre la implementación del nuevo mecanismo de autentificación.
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Según se lee en el comunicado, enviado a la prensa este 31 de enero, el abogado considera “contradictoria” la decisión del Central, ya que la entidad argumentó razones de protección a la salud pública al promover los pagos sin contacto, en un acuerdo previo a la fecha del 15 de abril de 2020.
“Esta decisión sin contar con que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud han recomendado evitar el contacto físico durante la pandemia, no por el covid-19, sino para evitar la saturación en los hospitales por otras enfermedades, virus y bacterias”, dice el documento.
El 21 de enero, Rodrigo Cubero, presidente del BCCR, defendió de forma vehemente la decisión de utilizar el PIN para los pagos con tarjetas en las compras mayores a ¢30.000.
Cubero enfatizó en que la implementación del nuevo sistema se diseñó en conversación y coordinación con los bancos desde hace tres años y alegó que la medida responde a las mejores prácticas internacionales para la prevención de fraudes.
“La introducción del uso PIN no es una decisión aislada del Banco Central. Es algo que se viene trabajando por varios años en conjunto con los bancos. Los bancos voluntariamente han introducido el PIN en las tarjetas de débito y crédito”, afirmó.
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“Esto no es una ocurrencia de último momento, es algo que se ha venido discutiendo con los bancos”, afirmó el jerarca del BCCR.
El jerarca respondió a las críticas a la posibilidad de que haya un riesgo a la salud de las personas, al tener que digitar la clave de la tarjeta en los datáfonos de los comercios.
“Qué genera más contacto con superficies potencialmente contaminadas ¿el intercambio del documento de identidad, la tarjeta, y el lapicero para la firma del voucher o simplemente la digitación de cuatro teclas?”.
“Tenemos que poner esto en perspectiva. La regulación actual de tarjetas únicamente dispone la firma del voucher para transacciones superiores a ¢30.000 y solo representan el 10% de las transacciones totales con tarjetas en el país. En la mayoría no se usará el PIN”, afirmó el funcionario.
Las entidades financieras tendrán tendrán entre el 1. ° de mayo próximo y hasta el 1. ° de febrero del 2023 para cumplir con la implementación del nuevo mecanismo.
Además, a partir de julio próximo, todas las tarjetas nuevas de débito y crédito que se emitan deberán contar con el uso del PIN. Los plásticos de débito y crédito en circulación se irán reemplazando una vez que estos venzan o cuando el cliente lo solicite a la entidad financiera.