Los fabricantes de 10 medicamentos para enfermedades graves, seleccionados a principios de año para negociar precios con el gobierno de Estados Unidos, aceptaron participar de conversaciones para bajar los costos de estos fármacos, informó la Casa Blanca.
Se trata de medicamentos indicados para coágulos sanguíneos, diabetes, problemas cardíacos, psoriasis y cáncer en la sangre.
El anuncio se produce a pesar del continuo rechazo de las empresas farmacéuticas a esta iniciativa, con la que el gobierno federal busca negociar los precios de los medicamentos cubiertos por Medicare, el programa de seguros médicos para mayores de 65 años de Estados Unidos.
La histórica Ley de Reducción de la Inflación (IRA) del presidente Joe Biden, el principal paquete de políticas legislativas de transición energética y reformas sociales que promulgó el año pasado, permite a Medicare comenzar a negociar los precios de los medicamentos por primera vez en sus casi 60 años de existencia.
Según la ley, el gobierno federal está limitado al principio a elegir solo 10 medicamentos para negociar precios, pero puede ampliar el programa en los años siguientes.
Se trata de una medida clave, dado que Estados Unidos paga en promedio 2,5 veces más por medicamentos recetados que otros países desarrollados, según un estudio de la Rand Corporation.
“En total, los 10 medicamentos seleccionados para la negociación representaron 3.400 millones de dólares para aproximadamente nueve millones de afiliados a Medicare en 2022″, dijo la Casa Blanca en un comunicado el martes.
Los medicamentos incluyen, entre otros, Farxiga de AstraZeneca, utilizado contra la diabetes y la insuficiencia cardíaca; Imbruvica de Pharmacycls, utilizado para tratar el cáncer de sangre, y el anticoagulante Eliquis (apixaban), utilizado por más de 3,7 millones de beneficiarios de Medicare.
La administración Biden no dice exactamente cuánto quiere reducir el costo, sino que espera una rebaja “significativa” de precios.
El presidente ha hecho de la reducción del precio de los medicamentos uno de sus grandes proyectos y, criticado por sus oponentes por el elevado nivel de inflación, ha prometido “hacer frente a las ‘Big Pharma’”, término que designa a los grandes grupos farmacéuticos.
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Lucha contra la inflación
Varios grupos farmacéuticos emprendieron inmediatamente acciones legales al aprobarse la ley. Pero negarse a participar en las negociaciones los expuso a amargas consecuencias, como sanciones fiscales.
El grupo Amgen subrayó el martes en un comunicado que sólo aceptó negociar “debido al plazo legal” establecido, aunque está convencido de que el programa es “ilegal e impide el progreso médico”.
Del mismo modo, Novartis afirmó que negociar representaba su “única opción viable”. “Si no hubiéramos aceptado firmar el acuerdo de negociación, Novartis habría estado expuesta a multas excesivas y agobiantes”, aseguraron.
Un portavoz de Johnson and Johnson, que tiene dos medicamentos involucrados, señaló que la compañía sigue “creyendo que las medidas de fijación de precios de los medicamentos del IRA dañan el ecosistema de innovación”.
Por su parte, el laboratorio danés Novo Nordisk estimó que el proyecto del Ejecutivo no tiene el “enfoque correcto” pero aseguró que “se ajustaría a la legislación”.
Al anunciar la presentación de un recurso el viernes, calificó de “inconstitucional” el programa de control de precios.
Merck, por su parte, presentó en junio una denuncia por lo que consideró “extorsión”.
Medicare tendrá que negociar los precios de un un máximo de 60 medicamentos durante los próximos cuatro años, y luego un máximo de 20 adicionales cada año.
El cambio en los precios de los 10 medicamentos ahora involucrados no entrará en vigor hasta enero de 2026.