La opción de vender el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), como una de las medidas para enfrentar el desequilibrio financiero público, tiene siete meses sin ningún avance; pese a que el Gobierno la anunció, desde febrero pasado, y lo reiteró en su plan para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Nacional, dueños de la entidad establecida en Panamá, confirmaron, por separado, que no han recibido ninguna instrucción desde el Poder Ejecutivo con el objetivo de efectuar alguna valoración de la entidad bancaria.

“Sobre la eventual o posible venta de Bicsa, conocemos lo mismo que ha sido publicado en los medios informativos, no hemos recibido una instrucción formal del Gobierno en uno u otro sentido”, detalló el BCR por escrito.

Este banco también detalló que su Junta Directiva no ha discutido, durante este año, la posibilidad de efectuar alguna diligencia en torno a su subsidiaria.

El BCR es el propietario mayoritario de Bicsa con el 51% de las acciones, en tanto, el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), posee el restante 49% de las acciones.

“El BCR, como banco comercial del Estado, no puede estar ajeno a las necesidades fiscales del país y las posibles soluciones que el Gobierno pretenda implementar (...) y hasta donde le sea posible para mejorar la situación fiscal del país”, detalló la institución.

Por su parte, el Banco Nacional sí confirmó que efectúa evaluaciones sobre Bicsa, a nivel interno de la entidad pública, como material de su Junta Directiva.

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“El Banco se encuentra realizando valoraciones técnicas y legales sobre los escenarios que se han presentado a la opinión pública por parte del Gobierno. Por esta razón, en este momento no se va a externar un criterio de fondo al respecto”, detalló el BNCR, por escrito.

La Nación consultó, el pasado 25 de setiembre, al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) sobre el estado de la venta de Bicsa. Sin embargo, al cierre de este artículo no hubo respuesta.

Entre enero y julio pasado, la entidad panameña tuvo una utilidad neta de $676.000, lo cual significó una caída del 76%, comparado con los $2,8 millones de ganancia reportado en el mismo periodo del 2019.

El Banco Internacional de Costa Rica se creó en 1976. La entidad tiene su sede en Panamá y cuenta con oficinas para negocios en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Miami (Estados Unidos).

En noviembre del 2005 ocurrió el último cambio de propietario en Bicsa cuando el Banco Nacional, entonces con el 80% de las acciones, vendió 31% de su participación al BCR, que asumió a partir de ese momento la mayoría accionaria.

Activo estatal

Rodrigo Chaves, entonces ministro de Hacienda, anunció en febrero pasado la opción de deshacerse de la entidad panameña, como parte de las medidas para reducir el alto endeudamiento público.

“Consideramos que esa entidad bancaria, que no funciona en Costa Rica, es valor del Estado y el uso más adecuado es bajar la deuda”, aseguró Chaves, el pasado 10 de febrero, durante una comparecencia en el Congreso.

Su sucesor en el cargo, Elian Villegas, reiteró la intención del Gobierno de vender Bicsa, durante la presentación del Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia, elaborada por el Consejo Económico, como propuesta para negociar un acuerdo con el FMI, el pasado jueves 17 de setiembre.

En el cronograma de la iniciativa, se prevé que el Banco Internacional genere el equivalente al 0,40% del producto interno bruto (PIB), es decir casi ¢138.000 millones, lo cual equivale a $228 millones, al tipo de cambio de este lunes 28 de setiembre.

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La venta de Bicsa puede darse de manera directa, si el BCR y el Nacional acuerda deshacerse del 100% de las acciones de la entidad y pasarlas a un tercero, según lo determinó la Procuraduría General de la República (PGR) en un pronunciamiento de 1996.

“En caso de venta total, no existirá participación alguna de los bancos estatales en esa empresa financiera. Por lo que no habría impedimento o restricción legal para que los bancos procedieran a la venta de la Corporación en el tanto esa venta abarque la totalidad del capital accionario”, se argumentó en el oficio C-063-96.

Sin embargo, los recursos de la eventual venta ingresarían al Banco de Costa Rica y al Nacional. Por tal razón, sí se requiere de una ley específica para que el dinero entre a las arcas del Gobierno.

La administración de Carlos Alvarado propuso la venta de la entidad financiera, como una de los compromisos del país para obtener un financiamiento por $1.750 millones del FMI.

También se plantearon una serie de reformas, temporales y permanentes, como la subida de tasa de impuestos, pasar a un sistema de renta global, movilidad laboral, reestructuración de órganos desconcentrados o la eliminación de las anualidades.