Las pequeñas y medianas empresas (pymes) afectadas por la crisis provocada por el nuevo coronavirus tendrán un mayor margen para renegociar los créditos otorgados por el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).
Hasta el 30 de junio del 2021, las entidades financieras podrán realizar más de una prórroga en pagos, readecuaciones o refinanciamientos a deudores que enfrenten un deterioro de su morosidad como consecuencia de las repercusiones de covid-19, en la economía costarricense.
Los bancos y entidades autorizadas para colocar recursos del SBD cuentan con la autorización para efectuar reestructuraciones, pero solo una en 12 meses; si se hacen más se degrada la calificación de riesgo a la pyme.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) acordó la flexibilización, el pasado 4 de mayo, luego de dejar sin efecto varios artículos del Reglamento sobre gestión y evaluación del riesgo de crédito para el Sistema de Banca para el Desarrollo.
La medida se tomó en consonancia con la relajación acordada por el regulador financiero, a finales de marzo, para apoyar a las compañías y personas más golpeadas por la pandemia sanitaria.
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Ahora se acuerda una medida similar para las pymes financiadas por Banca para el Desarrollo, pues no se incluyó el SBD en el acuerdo tomado dos meses atrás, reconoció Alberto Dent, jerarca del Conassif.
“Básicamente, a la hora de una calificación de crédito de banca de desarrollo, somos un poco más laxos para que se puedan hacer todo tipo de readecuaciones”, afirmó Dent.
A marzo pasado, el Sistema de Banca para el Desarrollo contaba con un saldo de ¢406.000 millones prestados en 48.300 créditos, lo cual significó en promedio ¢8,4 millones por cada operación, según la información brindada por la Secretaría Técnica del SBD.
El Sistema de Banca para el Desarrollo es un fondo especial que financia proyectos productivos, ofrece garantía y avales; y brinda asistencia técnica.
Los recursos prestados provienen de la recuperación de operaciones del Sistema, del denominado peaje bancario (17% de las captaciones a 30 días o menos de los bancos privados) y del 5% de las utilidades de las banca pública.
El dinero se coloca por medio de 38 instituciones autorizadas por el SBD, tales como bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, cooperativas productivas entre otras.
¿Qué permite la medida?
La normativa suspendida por el Conassif, por un periodo de 13 meses, es la que clasifica a los deudores según el grado de cumplimiento de sus obligaciones.
En específico, la decisión suspende la imposibilidad de efectuarle alguna readecuación crediticia a las pymes cuyo atraso en el pago de un crédito sea hasta 90 días, pues establece un mayor riesgo de la empresa.
El reglamento impide, en una situación de normalidad, modificar las condiciones de un préstamo mediante reestructuraciones, prórrogas y refinanciamientos.
“Se considera razonable crear espacios de negociación entre los deudores y los operadores supervisados del SBD (…) permitiendo que transitoriamente hasta el 30 de junio de 2021, las operaciones con recursos del SBD puedan reestructurarse sin impactar dicha categoría de riesgo”, se explica en el acuerdo del Consejo.
Bernardo Alfaro, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financias (Sugef), explicó que la normativa modificada baja la calificación de riesgo al deudor con dos readecuaciones crediticias en un plazo de 12 meses.
“Con el ajuste, la flexibilidad en las readecuaciones quedaron parejo tanto para un cliente normal de un banco, así como para otro de Banca para el Desarrollo”, manifestó Alfaro.
La medida solo implica a las pymes porque las microempresas cuentan con un tratamiento especial que permite, a las entidades autorizadas a colocar recursos del SBD, efectuar varias reestructuraciones sin penalizar su calificación, detalló Miguel Aguiar, director ejecutivo del Sistema.
El saldo colocado a las pequeñas y medianas empresas representa una cuarta parte del monto total otorgado por este programa de créditos.
“La situación del país (por el coronavirus) conlleva a darle todas las facilidades a las empresas, sin que esto le cambie su calificación de deudor”, explicó Aguiar.
El vocero añadió que, hasta el momento, la morosidad de la cartera de créditos del SBD no ha tenido una modificación significativa, porque desde marzo pasado se acordó una moratoria de pagos de hasta seis meses, con una ampliación de hasta tres meses adicionales.
“El efecto en la morosidad no se va reflejar todavía porque, en su gran mayoría, las carteras se acogieron a moratorias o prórrogas”, explicó Aguiar.
El 50% de los recursos prestados por banca para el desarrollo es en actividades agrícolas. Por región, en el área Central del país está el 54,2% los créditos, en la Huetar Norte el 15,3% y en la Chorotega el 10,6%.