La Procuraduría de la Ética investiga a cuatro directores del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) por un bono otorgado a su exgerente, Fernando Naranjo.
La entidad confirmó que se abrió una indagación por el supuesto reconocimiento ilegal de beneficios laborales.
Los miembros de la Junta Directiva sometidos a la pesquisa son Víctor Hugo Carranza Salazar, Olman Briceño Fallas, Luis Pal Hegedeus y Jorge Méndez Zamora, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
Los cuatro funcionarios aprobaron, el 13 de julio del 2015, un bono de productividad por cerca de ¢11 millones a Naranjo, según la denuncia de la cual tiene copia La Nación.
El director Jorge Méndez se negó a referirse al tema, pues adujo que la vocera de la Directiva es Ana Isabel Solano, presidenta de este órgano colegiado. Solano no respondió las llamadas realizadas por este diario.
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El BNCR informó por escrito de que no se ha notificado, por parte de la PGR, del proceso de investigación.
"En su oportunidad, la decisión (el pago del bono) fue tomada con base en los criterios legales y técnicos que fundamentaban lo acordado, en cumplimiento de las obligaciones contractuales con Fernando Naranjo", detalló la entidad.
La Procuraduría de la Ética se encuentra en la fase preliminar del proceso el cual consiste, principalmente, en la recolección de información.
Esta es la segunda ocasión en que la entidad investiga a miembros de la Directiva del BNCR. La primera fue, el año pasado, cuando un grupo de directores intentaron acaparar las juntas de las subsidiarias del Banco.
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En ese momento, la Procuraduría recomendó al Consejo de Gobierno realizar un proceso contra cinco directores, pues se habría violentado la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito.
En específico se trata del deber de probidad que obliga al funcionario público a orientar su gestión a la satisfacción del interés público y a administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad y eficacia.
El caso.
La indagatorio del caso se inició debido a la denuncia presentada por el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís.
El legislador cuestionó, en febrero del 2016, el premio entregado a Naranjo porque no informó a la Directiva -en plazo de cuatro meses- sobre una fiscalización tributaria.
De hecho, la Auditoría Interna del Banco recomendó, en enero del 2015, sancionar al banquero por acallar un traslado de cargos por ¢50.000 millones hecho por Tributación.
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La Directiva archivó el caso contra Naranjo porque se discutió luego de su renuncia al puesto el 25 de enero del mismo año.
El 2 de marzo del 2015, los directivos argumentaron que: "carece de interés actual la apertura de un procedimiento administrativo para determinar si procede o no la remoción del cargo de Gerente General al señor Fernando Naranjo, en virtud de que dicho funcionario cesó en sus funciones el día 10 de febrero del 2015".
La denuncia de Solís también objetó el beneficio económico del exgerente pues se fundamentó en las ganancias generadas en el 2014, las cuales fueron infladas por un error contable, según concluyó otro informe de la Auditoría.
Argumentos.
Pese a los cuestionamientos contra el entonces gerente, los cuatro directores investigados consideraron adecuado pagar el bono de productividad, pues era un compromiso laboral con Naranjo.
"Considero que existía un compromiso con don Fernando para reconocerle lo correspondiente a dos salarios (...) estimo justo que el trabajador tiene derecho, al menos, a que se haga un abono a la obligación que el Banco tiene con él", dijo Jorge Méndez, durante la sesión 12.006, del 13 de julio del 2015, en al cual se avaló el pago del premio.
El director Olman Briceño insistió, en la sesión de Junta, que el beneficio: "está amparado al contrato" (de Naranjo).
"En todo momento se dijo que se le diera lo necesario porque él tenía que salir y lo que hicimos fue buscar una posición inteligente y balanceada", afirmó Briceño, según consta en el acta del que tiene copia La Nación.
Al final los directivos acordaron que el premio fuera de 0,5789 veces el salario promedio del exjerarca; es decir, cerca de ¢11 millones, pues el sueldo de Naranjo ascendía a ¢19 millones.
Al pago de la bonificación se opusieron las directoras Ana Isabel Solano, Jeannette Ruiz y Jennifer Morsink.
"Cuál fue la acción laboral extraordinaria que realizó don Fernando Naranjo para que se le reconozca un bono (...) porque resulta que en diciembre del 2014 conocimos que el Banco tenía una contingencia fiscal, sin que la Junta fuera informada al respecto. No es pertinente que se le pague ni un solo cinco", cuestionó Ruiz.
Morsink fue más inquisitiva: "Lo peor de todo es que él nunca dijo nada; lo mantuvo oculto y esta Junta Directiva se enteró luego de su retiro".
Solano dio un voto negativo, reseña el acta, porque ella no era parte de la Junta durante la evaluación del rendimiento del exgerente en el 2014.