San José.
El diputado oficialista Ottón Solís propuso un proyecto de ley para que el Banco de Costa Rica (BCR) absorba a Bancrédito.
El legislador impulsa dicha alternativa como un cierre ordenado del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).
El proyecto se presentó este 3 de mayo y ahora debe seguir el proceso de discusión primero en comisión legislativa.
En la iniciativa se busca que los activos, pasivos, patrimonio, fideicomisos y cuentas contingentes y de orden deudoras del Banco se traspasen al BCR.
Además, de que una Junta Liquidadora finiquite el cierre definitivo de la entidad en un plazo de seis meses.
Dicha Junta determinará el monto del patrimonio neto y el costo de la liquidación del personal de banco.
"Bancrédito no representa más del 3% del mercado bancario del país, por lo que sus actividades serán fácilmente suplidas por los otros bancos del Estado, sin ningún impacto negativo en la economía nacional", aseguró Solís.
El diputado enfatizó que el valor neto del Banco se entregaría al BCR como forma de pago de la deuda interna que el Ministerio de Hacienda mantiene en el Banco de Costa Rica.
Recordó que, a pesar de las acciones y mecanismos realizados por el Estado para mejorar la situación financiera de la entidad, las características estructurales del negocio bancario hacen inevitables sus reiteradas crisis.
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Además, no consideró viables las opciones propuestas por el Gobierno para transformarlo en un banco de desarrollo.
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"He abogado por una muerte digna para Bancrédito, pues es la única opción racional posible. Diversificarlo, convertirlo en un banco de desarrollo o ligarlo a un sector determinado, implicaría duplicar funciones o enormes riesgos financieros", indicó el legislador.
Durante el 2016, Bancrédito fue golpeado por tres préstamos malos que obligaron a fortalecer sus provisiones por operaciones fallidas de la cartera crediticia.
Bancrédito anunció, el pasado 23 de marzo, una serie de medidas destinadas a fortalecer su operación y reducir el peso de la planilla, una de las razones que mina sus ganancias.
La institución puso a la venta terrenos, por un valor de casi ¢2.000 millones, con el objetivo de financiar la movilidad laboral voluntaria y reducir el costo de la planilla entre 18% y 22% al año.
Actualmente, el pago de los salarios para sus 769 empleados asciende a ¢14.000 millones al año. Si el proceso de movilidad es exitoso, se lograría un ahorro de ¢3.000 millones.