Elian Villegas, ministro de Hacienda, criticó el proceso por el cual la Junta Directiva del Banco Nacional eligió “a dedo” a Bernardo Alfaro como nuevo gerente general de la entidad bancaria.

Villegas recalcó que, desde el pasado 16 de agosto, le envió una nota a la Directiva del Banco en la cual pidió un concurso para elegir al sustituto de Gustavo Vargas, quien falleció el pasado 10 de agosto.

En la misiva, DM-1011-2020, el jerarca solicitó como ministro rector del sector financiero realizar un proceso “público, transparente y participativo para la elección del gerente general”.

“Me preocupa que en este país tenemos un buen rato de hablar de buen gobierno corporativo, y decimos que vamos a tener mejores políticas públicas con la entrada a la OCDE, y cuando existe un momento que debemos materializarlo resulta que nos devolvemos a los 80 y nombramos a dedo. Eso me parece terrible”, enfatizó Villegas a La Nación.

El funcionario enfatizó que su cuestionamiento no es al nuevo gerente, sino al proceso. Durante, la mañana de este 1. ° de setiembre, él cuestionó la elección en el programa Nuestra Voz de Radio Monumental.

De hecho, reconoció que a Alfaro también le mandó una carta, sobre la necesidad de un concurso, cuando ocupaba la dirección de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

“No pedí nada extraño, ni antiético, ni ilegal. Habría sido importante la discusión. Qué se quiere del nuevo gerente que sea cabeza de lanza del proceso del banco en la reactivación (económica) o lo que venga a hacer sea a meter el banco en una burbuja para que salga lo más entero después”, señaló el ministro.

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Villegas sostuvo que las designaciones en empresas financieras estatales deben hacerse mediante concurso. Incluso mencionó que, cuando fue presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), así se nombraron a los gerentes.

Por su parte, Jeannettte Ruiz, presidenta de la Junta Directiva del Banco Nacional, enfatizó que el órgano tiene la potestad legal para designar a la alta gerencia de la institución y en ninguna normativa se dicta la necesidad de hacer un concurso.

Además, enfatizó que la potestad del Poder Ejecutivo llega hasta la designación de los directivos, a quienes les corresponde los nombramientos y definición estratégica de la entidad.

“Nosotros tenemos que tomar la mejor decisión para la institución. En este caso específico estamos en un momento inédito. Primero, enfrentamos una crisis fiscal, luego una pandemia sin saber su alcance. Además, tuvimos la pérdida abrupta e inesperada de nuestro gerente general”, destacó Ruiz.

La jerarca destacó que la Directiva encontró en Alfaro a una persona idónea para devolver la confianza; además, él conoce y laboró en el Banco.

“Lamentamos mucho la crítica. Don Elian nos manda una nota, la cual respondimos, y le decimos que la Junta Directiva está consciente de su responsabilidad e importancia del nombramiento”, expresó Ruiz.

El Banco Nacional informó, este lunes 31 de agosto, sobre la designación de Bernardo Alfaro como gerente general, por un plazo de seis años.

Poco más de una hora antes del anuncio se informó de la renuncia de Alfaro como jerarca de la Sugef, cargo que ocupaba desde el 2018.

Ahora dirigirá, a partir del 1º de octubre, la entidad en la cual laboró por 13 años como subgerente general.

Eliminar puertas giratorias

La fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC) reprochó a la Directiva del Nacional, la tarde de este martes, por el nombramiento de Alfaro, pues argumentan incumple buenas prácticas de gobierno corporativo.

En un comunicado, catalogaron el proceso de designación como “poco transparente”.

La agrupación oficialista enfatizó que, desde noviembre del 2019, presentaron un proyecto de ley denominado “Puertas Giratorias” con el objetivo de prevenir, detectar y sancionar posibles conflictos de interés, en que puedan incurrir personas al pasar de puestos de trabajo entre el sector público y privado.

La iniciativa promueve que los exfuncionarios públicos de órganos como Sugef no puedan trabajar, por un periodo de dos años, en instituciones privadas o públicas vinculadas con su labor en la función de supervisión.

La fracción de PAC urgió debatir el proyecto en la Asamblea Legislativa.