El Ministerio de Hacienda y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) están en contra del proyecto de ley que amplía los negocios financieros a las cooperativas de ahorro y crédito.
Entre las críticas al plan están que estas entidades no cuentan con la experiencia necesaria para hacer actividades más sofisticadas y se encuentran exentas de la mayoría de impuestos que pagan los bancos, mutuales y financieras.
El plenario legislativo aprobó, este 28 de noviembre, un texto sustitutivo de reforma a la Ley Reguladora de la Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones Cooperativas.
Dicho documento permitiría actividades financieras que hoy están prohibidas por la legislación, como la oferta pública de emisiones de valores, la administración de fideicomisos, factoraje y arrendamientos financieros.
Además, daría facultad a las cooperativas de ahorro para realizar oferta pública de valores lo cual –según Conassif– abre la posibilidad de captar recursos del público, sean asociados o no.
Luis Carlos Delgado, presidente del Consejo, expresó los cuestionamientos al plan en el oficio PDC-0145-2017, y Hacienda en la carta DGH-422-2017. Ambos documentos fueron enviados a la Comisión de Asuntos Económicos, órgano que tramita la iniciativa de ley.
"No estamos confortables con este proyecto porque se amplía el rango de clientes de las cooperativas más allá de los asociados a la cooperativa lo cual es inconveniente", recalcó Delgado.
Por su parte, Grace Badilla, presidenta de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fedeac), aseguró que el único negocio financiero nuevo que se incorpora en el proyecto de ley es la posibilidad de hacer oferta pública de valores.
Ella añadió que estas organizaciones están sujetas a la misma regulación y supervisión de la banca.
Actualmente, en el país operan 24 cooperativas de ahorro y crédito que cuentan con 598.000 asociados.
Hasta octubre pasado, estas entidades reportaron un saldo de activos por ¢3,1 billones, es decir, el 9,81% del total del sistema financiero nacional.
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Además, cuentan con una cartera de crédito, con menos de 90 días de mora, de ¢2,2 billones, según la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Ventajas tributarias
El punto más cuestionado por las dos instituciones es que el proyecto de ley amplía el rango de acción de las cooperativas, pero mantiene las exenciones tributarias.
"El texto implica una desnaturalización de las cooperativas ya que abre la posibilidad de que puedan realizar actividades con terceros muy similar a las que tienen las entidades bancarias (...) pero implicaría un trato desigual en el tanto las cooperativas de ahorro mantendrían los privilegios fiscales", argumentó Hacienda en su oficio.
El Ministerio detalló en su carta que el sector cooperativo está exento del pago de siete diferentes tipos de tributos, comparado con la banca.
Entre los impuestos que no pagan están el 30% de renta, el 8% sobre los intereses de títulos valores, así como los aportes sobre sus ganancias a la Comisión Nacional de Emergencias, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, y la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape).
La presidenta de Fedeac rechazó los argumentos de Hacienda y Conassif sobre el tema impositivo.
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"El proyecto de ley no incorpora una sola ventaja tributaria, no se refiere al tema. Las cooperativas de ahorro y crédito sí están sujetas a cargas parafiscales y pagan todos los impuestos y tasas a los que están sujetos los bancos", aseguró Badilla.
Sin embargo, el presidente del Conassif añadió que el proyecto de ley dejaría a las cooperativas en ventaja frente al resto de entidades supervisadas.