El Fondo de Garantía de Depósitos, creado para proteger a los ahorrantes, comenzará a recibir recursos a partir de octubre; sin embargo, desde mayo del 2021 están cubiertos los dineros de los inversionistas hasta por un monto de ¢6 millones.
En octubre, el fondo recibirá los primeros ¢1.000 millones, informó Ana Rita Mora, directora del Departamento del Fondo de Garantía de Depósitos, en un taller para periodistas, realizado la mañana de este jueves 30 de setiembre, donde también participaron Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central y Alberto Dent, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
El Presidente del Conassif explicó que se cubre a más del 90% de los ahorrantes de todas las entidades financieras que participan.
En total, son 41 intermediarios los que participan: los bancos estatales y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, los bancos privados, las sucursales de bancos extranjeros y de las empresas financieras no bancarias, cooperativas de ahorro y crédito supervisadas, asociaciones solidaristas supervisadas por la Sugef y la Caja de ANDE.
En el instrumentos no se incluyen al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), ni las mutuales porque tienen su propio mecanismo.
En el caso de los bancos estatales, explicó Cubero, la garantía sigue siendo universal e ilimitada, eso quiere decir que cubre la totalidad de los depósitos. En caso de dificultades del fondo se tomarían los primeros ¢6 millones y de ahí en adelante lo aportaría el Gobierno.
Cubero explicó que el fondo reduce esa contingencia fiscal, pues en el país tenemos una garantía estatal puesta en papel, pero que no estaba respaldada, hasta ahora, por un fondo, así que si hubiera habido necesidad de responder, al final tenía que ser el Gobierno el que pone el dinero de todos los costarricenses.
Dent añadió que la garantía de los bancos del Estado tampoco funciona automáticamente, pues hay que emitir una ley debido a que se paga con el presupuesto nacional, y en un momento como el actual el Gobierno tendría que salir a pedir prestado.
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Este fondo, que se creó mediante la ley número 9816, vigente desde febrero del 2020, ofrecerá cobertura a todos los depósitos o ahorros, a la vista o a plazo fijo, que mantengan las personas y las empresas en las entidades supervisadas cubiertas. La cobertura operará por persona y por entidad financiera, y cubrirá únicamente el monto principal, no los intereses.
“No están dentro de la cobertura las captaciones realizadas en el mercado de valores, en mercado primario o secundario, ni las captaciones efectuadas mediante el mercado internacional”, aclaró Mora.
Vasito que se llena
Cubero explicó que este fondo es como “un vasito” que se va a ir llenando con el tiempo y para que el vaso llegue a estar lleno y el fondo sea estable se podrían requerir hasta 30 años.
Entonces, ¿qué pasaría si una entidad entra en problemas y se requiere devolver el dinero a los ahorrantes y el vaso todavía no está lleno? Cubero aclaró que para ello la Ley previó que se podrían utilizar los recursos del Encaje Mínimo Legal, que son un porcentaje de sus captaciones que las entidades supervisadas apartan en el Banco Central.
Por esta misma razón los ahorrantes están cubiertos desde mayo del 2021, pese a que hasta octubre del 2021 el Fondo comienza a recibir recursos.
Dent explicó que en caso de que una entidad entrara en problemas y tuviera que ser intervenida, el inversionista no tiene que hacer nada, porque inmediatamente se comunica con el proceso de resolución y el fondo entra a pagar.
Mora detalló que las entidades contribuyentes aportan cada trimestre, el actual corresponde al trimestre de julio, agosto y setiembre y el aporte se realiza en los primeros 10 días hábiles de octubre.
La base para el cálculo de la contribución son los depósitos garantizados y no puede exceder el 0,15% de dichos depósitos.
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Este fondo lo administra el Banco Central y tiene tres compartimentos: uno tiene las contribuciones de los bancos estatales y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, otro las de los bancos privados, sucursales de bancos extranjeros y de las empresas financieras no bancarias, y el tercero, los aportes de las cooperativas de ahorro y crédito, de las asociaciones solidaristas supervisadas por la Sugef y las contribuciones de la Caja de ANDE. No obstante, los recursos podrán invertirse conjuntamente, según detalla la ley.
Este fue el último proyecto de ley en aprobarse para el acceso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y Cubero lo calificó como un hito histórico en la historia financiera de Costa Rica.