La Procuraduría General de la República contestó al Banco de Costa Rica (BCR) que tiene la facultad de eliminar los pluses (incentivos) salariales de un grupo de trabajadores que todavía los poseen, ante una consulta de la entidad financiera.
Los pluses incluyen pagos extra al salario como anualidades, dedicación exclusiva, zonaje y pagos en especie, entre otros, y difieren en cada entidad del sector público.
La consulta del Banco surgió porque actualmente este intermediario tiene el 22% de su personal (864 trabajadores), bajo el esquema de salario base más pluses y el 78% con remuneración única o nominal, como le llaman internamente, según los datos aportados por el subgerente, Leonardo Acuña.
La entidad financiera explicó a la Procuraduría, que es el abogado del Estado, en un oficio del 9 de enero del 2015, que al comparar los salarios que se pagan en el Banco con los del resto del mercado, hay diferencias por encima de los rangos promedio para algunos puestos.
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Por eso, la administración evalúa la supresión de los pluses salariales y la posibilidad de que los servidores se trasladen, voluntariamente o no, al esquema de salario nominal.
La respuesta de la Procuraduría, del 4 de junio del 2015, es que el Banco está facultado para hacer la reorganización y pasar a los trabajadores de esquema, siempre y cuando los compense por eso.
“El Banco de Costa Rica está facultado para llevar a cabo una reorganización administrativa, sin que para ello sea óbice la posible afectación negativa de los salarios de sus servidores, siempre que esa reorganización sea acordada por su Junta Directiva, con fundamento en estudios técnicos que evidencien la necesidad de los cambios que se pretenden realizar para el logro de mayor eficiencia en su funcionamiento”, dice el texto de la respuesta.
La Procuraduría le señala al Banco los caminos a seguir.
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Si los servidores no aceptan la reducción del salario, entonces se finaliza el contrato laboral y se les debe pagar la cesantía por cada año laborado.
Si el empleado quiere seguir trabajando para el banco y acepta la reducción del salario, se le debe indemnizar según el artículo 111, inciso d), del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, según el cual, debe cancelarse al afectado una suma equivalente a un mes por cada año de servicio en proporción al monto de la reducción que tenga su salario.
Acuña explicó que en este caso se tomaría la diferencia de salario que dejaría de percibir el trabajador y se multiplica por el número de años laborados.
El subgerente enfatizó que no quieren que ningún trabajador se vaya, pero consideró que deben de resolver el problema.
Si todos los trabajadores optaran por la indemnización, y continuar en la entidad, el costo para el BCR sería de ¢8.200 millones, lo cual se recuperaría en menos de dos años, explicó Luis Ernesto Feoli, director de capital humano del Banco.
La Contraloría General de la República explicó que lo que se resolvió para el BCR sólo puede ser aplicado para otras instituciones que tengan una ley que les permita hacerlo, de manera que no se puede extender a todo el sector público, pero sí a algunas entidades, entre ellas otros bancos.
Sindicato opuesto. Róger Muñoz, secretario general de Unebanco, manifestó su oposición a la medida por varias razones, entre ellas que el Banco no está en una situación financiera complicada para tomar una decisión así, que la afectación para los trabajadores es fuerte y que el desánimo que estos tendrían al tener un menor salario afectaría finalmente a la entidad.
“Yo tengo casos, por ejemplo, de remeseros, que su salario es de ¢960.000, después de 30 años de servicio en el banco, y si los pasan a salario nominal quedarían en ¢460.000”, dijo Muñoz.
Agregó que aunque la Procuraduría emitió esta respuesta, el tema, si se aplica, se discutirá en los tribunales de justicia.