El Banco Central de Costa Rica (BCCR) exigió a los cuatro bancos más grandes del país un total de 373 datos específicos de sus clientes deudores, todos sin anonimizar, lo que significa que sean completamente identificables.
También advirtió de que habría consecuencias para la entidad o su representante que rehusara dar esa información.
Así se desprende de los oficios enviados al BAC Credomatic, Banco Nacional, Banco de Costa Rica (BCR) y Banco Popular de los cuales el ente emisor entregó copia a La Nación.
La solicitud a las entidades financieras, del 19 de diciembre del 2022, fue planteada por Hazel Valverde Richmond, gerenta del BCCR, según consta en las misivas GER-0334-2022, GER-0335-2022, GER-0336-2022 y GER-0337-2022.
En los cuatro oficios, el Central anexó un archivo de 58 páginas en el cual precisó el requerimiento de información.
Entre los datos están el número de identificación del deudor –sea una persona u empresa–, de los codeudores de la operación, así como de quienes participen en créditos grupales de garantía solidaria para los casos de Banca de Desarrollo; y préstamos sindicados.
Adicionalmente, se debe precisar la capacidad de pago del cliente, sus ingresos, fecha en que se realizó su última calificación de riesgo; código del cantón y el distrito de destino del préstamo; si la operación tiene garantía y de qué tipo; y la identificación de la persona con un préstamo en mora, los días de atraso y el saldo por pagar.
El Central confirmó a La Nación que BAC Credomatic, BCR y el Banco Popular entregaron de “manera íntegra” la información.
El Banco Nacional, por su parte, se negó a enviar esa información por considerar que está protegida por el secreto bancario y que es necesario un acuerdo de la Junta Directiva para levantar la confidencialidad.
Por su parte, el BAC informó el martes de que entregó el detalle individualizado de todas las operaciones activas y pasivas (tanto de ahorrantes como de los deudores) por una única vez.
El Banco Popular admitió desde el 7 de setiembre que entregó información entre mayo y julio. Mientras que el BCR no brindó ninguna respuesta a La Nación.
¿Por qué esos datos?
En los documentos, Hazel Valverde indicó la obligación de la entrega de la información con base en la Ley del Sistema de Estadística Nacional, aprobada en el Congreso en 2019.
El objetivo de los datos, según esta correspondencia, es usarlos para la elaboración de estadísticas monetarias, crediticias, financieras, externas, de finanzas públicas, ambientales y de cuentas nacionales.
El BCCR solo requirió información a estos cuatro bancos por considerarlos sistémicos. Por ejemplo, entre ellos concentraban, a julio del 2023, el 48% del patrimonio de las entidades financieras supervisadas de Costa Rica, monto que ascendía a ¢2,9 billones; además del 58% de la cartera de crédito, es decir, ¢13,9 billones, según datos de Sugef.
“Respetuosamente se le solicita que la entidad financiera a su cargo, dentro del plazo de ocho días hábiles, remita al BCCR, en formato XML, la información que se detalla en el archivo anexo a este oficio, la cual será utilizada exclusivamente con fines estadísticos, bajo el principio de confidencialidad que aplica para el BCCR”, se indica en los oficios enviados al BAC, Nacional, BCR y Popular.
El ente emisor justificó la necesidad de información tan precisa porque es parte de las nuevas estadísticas para conocer el nivel de endeudamiento de los hogares, riesgos de créditos otorgados en zonas susceptibles a inundaciones y para mejorar la efectividad de la transmisión de la política monetaria.
La gerenta del BCCR demandó el envío de los datos en forma desagregada, con la identificación del cliente y ubicación geográfica.
“El proceso de unificar bases de datos que contienen información financiera y las variables antes mencionadas requiere necesariamente del número de identificación (cédula física, jurídica, Dimex, entre otros), ya que es la variable que permite relacionarlas”, se indica en los oficios firmados por Valverde.
La información se exigió de manera mensual, de diciembre del 2019 hasta la fecha más reciente. Además de que debía enviarse en un plazo de ocho días hábiles en archivos bajo el formato XLM (un lenguaje que se utiliza para el intercambio de datos estructurados).
La Nación consultó al BCCR si los datos se pidieron por una única vez, o si se deben entregarse de manera periódica. Sin embargo, la entidad rechazó dar explicaciones.
“El Banco Central no se referirá a solicitudes individuales que se realizan a las entidades financieras como parte de lo que requiere para el cumplimiento de sus funciones”, respondió por escrito la institución.
Oficios con advertencia
La negativa del Banco Nacional a dar datos de sus clientes provocó que, en julio, el BCCR denunciara en el Ministerio Público a Bernardo Alfaro, gerente general de la entidad, por no entregar la información.
Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), también se negó a entregar los datos de deudores. Ella fue denunciada por el supuesto delito de desobediencia a la autoridad el 21 de abril.
De hecho, la petición de los datos de deudores a los cuatro grandes bancos fue acompañada de una advertencia de lo que les pasaría a sus respectivos gerentes en caso de desobedecer la orden.
“Desde ya, se agradece su colaboración, no sin antes advertir que el incumplimiento de lo aquí requerido constituirá falta muy grave a los deberes del cargo del o los funcionarios responsables de dicho incumplimiento y constituye, adicionalmente, una conducta sancionable en los términos dispuestos en los artículos 65 y 68 de la Ley del Sistema Nacional de Estadística”, se indica en los cuatro oficios firmados por la gerenta del Banco Central.
Dichos artículos establecen que se sancionará con ocho a 10 salarios base –de ¢3,6 millones y ¢4,6 millones, respectivamente– a quien se resista al envío de los datos. Además de que la persona física o jurídica que se niegue a responder las solicitudes cometería un delito de desobediencia a la autoridad.
El BAC Credomatic reconoció este martes que se vio obligado a dar los datos individualizados de sus clientes por la advertencia del ente emisor de la comisión de un ilícito en caso de rehusarse a compartirla.
Este diario consultó al BCR y al Popular si entre las razones para entregar la información de sus clientes estuvo la advertencia emitida por el ente emisor.
El Popular detalló que no brindarán más declaraciones sobre el tema, porque el asunto está bajo análisis de la Sala Constitucional. En tanto, el Banco de Costa Rica no respondió al cierre de este artículo.