El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) puso en consulta un decreto con la intención de suspender el requisito de supervisión por parte de un regente veterinario en los establecimientos que elaboran alimentos destinados al consumo humano. Actualmente, esta tarea recae en el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica.
La propuesta busca trasladar la responsabilidad de fiscalización a inspectores autorizados por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), argumentando una reducción de costos y una mayor independencia en el proceso de supervisión.
La iniciativa la lanza el MAG, luego de que el jerarca de la entidad, Víctor Carvajal, confirmó a La Nación, a inicios de mayo pasado, que este ministerio no contaba con un veterinario contratado. Sin embargo, desde el colegio profesional respectivo cuestionan la propuesta y consideran que el cambio podría poner en riesgo la salud pública.
El proyecto del decreto ejecutivo, que fue publicado para consulta pública en el sitio web del MAG a principios de julio, consta de nueve artículos y está programado para entrar en vigor el 1.º de enero de 2024.
Entre los cambios propuestos se incluye la eliminación de varios artículos del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos Veterinarios, establecido en el Decreto Ejecutivo N° 19184-MAG del 10 de julio de 1989. Estas modificaciones están relacionadas con aspectos como la definición, inscripción y supervisión de los establecimientos médicos veterinarios.
Adicionalmente, la propuesta excluye de la lista de establecimientos que deben ser supervisados o dirigidos en términos técnicos y científicos por un médico veterinario a las fábricas y plantas que producen productos y subproductos de origen animal destinados al consumo humano, así como a los establecimientos involucrados en el sacrificio o despiece de animales, y en la transformación e industrialización de alimentos cárnicos.
El proyecto de decreto establece que en términos de control sanitario, todos los establecimientos de sacrificio de animales deberán disponer de la presencia de un médico veterinario oficial o uno autorizado por el Senasa por medio del proceso de oficialización. Este profesional debe estar presente durante el procedimiento de sacrificio.
El 4 de agosto, el Colegio de Médicos Veterinarios emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por el proyecto de decreto, alegando que este podría amenazar la salud pública. En el comunicado, el Colegio menciona que el Senasa ha enfrentado dificultades en términos de recursos humanos, presupuesto y alcance en el campo para llevar a cabo la supervisión de los más de 3.000 establecimientos vinculados al sector.
“Resulta incoherente que se le asignen al Senasa más responsabilidades, cuando nunca ha logrado abordarlas de manera satisfactoria debido a la insuficiencia de recursos asignados. Además, es importante señalar que estos recursos han experimentado una disminución significativa durante los últimos 4 años”, declara el comunicado.
El gremio de médicos veterinarios elabora el análisis legal y técnico del proyecto. Este lunes 7 de agosto se lanzó una campaña mediante la cual denuncian que la eliminación de las regencias veterinarias atenta contra la salud humana y destacan la labor de los veterinarios.
Lohendy Muñoz, coordinadora de Salud Pública e Inocuidad Alimentaria de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional (UNA), destacó que la responsabilidad del médico veterinario en lo que respecta a la seguridad alimentaria abarca más que simplemente la supervisión del estado sanitario, el bienestar animal y la vigilancia del proceso de sacrificio de un animal.
Indicó que esta labor involucra la fiscalización de todos los procedimientos en los cuales se manejen subproductos y derivados destinados al consumo humano.
Esta funcionaria afirmó que la derogación de ciertos artículos del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos Veterinarios deja sin atención una amplia gama de responsabilidades encomendadas al médico veterinario, para las cuales han sido formados. Esto abarca, de manera particular, la supervisión de la seguridad alimentaria en productos derivados de animales, como embutidos, lácteos y productos pesqueros, entre otros.
Menores costos e independencia
En una nota aclaratoria emitida el 3 de agosto, Víctor Carvajal, jerarca del MAG, destaca que durante más de cuatro décadas el Colegio de Médicos Veterinarios ha sido responsable de las regencias.
Agrega que estas responsabilidades persisten aún después de la formación de Senasa en el 2006, por medio del sistema de regencias remuneradas al Colegio. Sin embargo, esto contraviene las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) sobre la necesidad de mantener la independencia de los inspectores sanitarios.
La nota, también firmada por el director de Senasa, Luis Matamoros, establece que la OMSA aconseja que los inspectores no estén expuestos a presiones comerciales, financieras, jerárquicas, políticas ni de otro tipo que puedan afectar su imparcialidad o decisiones. Por lo tanto, la propuesta de decreto sometida a consulta pública busca rectificar este “error histórico”, para que cada entidad asuma sus competencias de manera independiente.
En esta línea, el Senasa asumiría la responsabilidad de supervisar y asegurar la higiene y seguridad alimentaria de los productos de origen animal y el Colegio se encargaría de supervisar el comportamiento de sus miembros, según refiere la nota.
Además, busca eliminar el doble cobro para las plantas y establecimientos: el Certificado Veterinario de Operación (CVO) al Senasa y un pago anual de regencia al Colegio de Veterinarios.
El pago anual del CVO oscila entre ¢37.655 para plantas pequeñas y ¢85.384 para plantas grandes, según el tarifario publicado en el sitio web de Senasa.
Las tarifas de la regencia veterinaria para plantas industrializadoras pequeñas (que incluyen bovinos, porcinos, aves, lácteos, pesqueros y embutidos) tiene un costo anual de ¢135.300. En el caso de las plantas grandes, la tarifa se eleva a ¢393.800, detalla el listado emitido por el Colegio de Médicos Veterinarios.
Ivannia Quesada, presidenta de la Cámara Nacional de Productores de Leche, expresó su acuerdo inicial con las mejoras para reducir la burocracia y eliminar la duplicación de obligaciones gubernamentales. En relación con las regencias veterinarias, señaló que están evaluando las implicaciones. Subrayó la importancia de que cualquier esfuerzo garantice la calidad e inocuidad de los productos, así como la salud y sanidad animal.
Quesada aclaró que el CVO es costeado por el productor, mientras que el pago anual por el regente veterinario recae en las industrias que procesan los alimentos.