Tres exdirigentes del Partido Acción Ciudadana (PAC) lo denunciaron a finales del 2014 por cobrarle al partido ¢117 millones como pago por autenticar innecesariamente más de 23.000 firmas, en trámites ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Casi de inmediato, el Ministerio Público abrió un expediente para investigar la aparente estafa.
Dos años después, en octubre del 2016, el polémico abogado Jorge Sibaja Rodríguez arremetió contra el PAC y lo denunció ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) “por incumplimiento de la legislación laboral y seguridad social”.
La CCSS acogió la queja de Sibaja y en febrero del 2017 –cuatro meses después–, le cobró al PAC ¢57,8 millones por “el incumplimiento de las obligaciones patronales”. La agrupación terminó de cancelar esa suma en enero de este año y ahora pretende que parte de los recursos le sean reintegrados por el TSE con fondos públicos.
En específico, Sibaja alegó que la agrupación no reportó los salarios que él recibió entre 2009 y 2014, pues al tiempo que cobraba las autenticaciones, también se desempeñó como asesor jurídico del partido y devengaba una remuneración de ¢2 millones mensuales.
¿Qué denunció Sibaja?
El también exdirigente rojiamarillo, aseguró que durante esos cinco años él trabajó como abogado del PAC bajo un contrato de servicios profesionales, pero que en la práctica existía una relación laboral permanente. Así consta en la denuncia que él presento y de la cual La Nación tiene copia.
Como prueba, aportó una certificación de los pagos mensuales por ¢2 millones que le realizó el PAC por su asesoría legal desde el 15 de abril de 2009 hasta el 30 de mayo 2014.
Adicional a esa remuneración, relató que el partido le cancelaba los trabajos de abogacía que realizaba dependiendo de las necesidades del momento, en ese rubro fue que entraron las autenticaciones innecesarias, las cuales fueron reveladas por este medio, a principios de agosto del 2014.
Sibaja también afirmó que él cumplía con un horario laboral de 12 m. d. a 8 p. m., en la antigua sede del PAC en barrio La Granja, en San Pedro de Montes de Oca y que recibía órdenes del Comité Ejecutivo del partido, que en aquella época estaba liderado por la hoy exministra de Planificación Olga Marta Sánchez y los exdiputados Olivier Pérez y Leda Zamora.
Ellos tres fueron quienes lo denunciaron ante el Ministerio Público por las autenticaciones innecesarias, argumentando que él abusó de su confianza.
¿Qué concluyó la CCSS?
Esas condiciones descritas por Sibaja, según la CCSS, eran propias de una relación laboral permanente y no de una contratación por servicios profesionales.
“Es importante rescatar que esta modalidad (la de servicios profesionales) se caracteriza por ser esporádica, específica y por su liberalidad, en donde la persona lleva a cabo el propósito encomendado a su modo, sin recibir directrices y lo que se evalúa es el resultado, además, se contrata en una actividad distinta al giro normal de las operaciones de la empresa con el propósito de atender situaciones temporales o contingentes”, señaló la Caja, cuando hizo el traslado de los cargos al PAC.
Además, concluyó en su investigación que el partido pretendía “evadir responsabilidades legales y obligaciones formales en materia laboral y de la Seguridad Social”. Por lo tanto, puso al cobro una planilla adicional por ¢57,8 millones, en febrero de 2017.
El PAC pagó la suma en dos tractos: el 9 de marzo de 2017 canceló ¢47,4 millones por cuotas obrero patronales de los seguros de salud, pensiones y aportes a la Ley de Protección del Trabajador, mientras que el 12 de enero de 2018 pagó ¢10,4 millones correspondientes a las contribuciones al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
El último pago consta en la liquidación de gastos de la pasada campaña electoral que el partido presentó al TSE, con el objetivo de que el dinero le sea reintegrado con recursos públicos.
‘‘'El Estado es el que está pagando eso’, pues sí, efectivamente"
El secretario general del PAC, Anthony Cascante, explicó que no reportaron a la CCSS los pagos a Sibaja porque estos se dieron bajo un contrato de servicios profesionales y nunca bajo una relación de patrono-empleado.
Sin embargo, explicó que la agrupación decidió pagar los casi ¢58 millones y no apelar, para evitar caer en morosidad con la Caja, ya que esa condición le bloquea el acceso a los fondos provenientes de la contribución estatal.
“El tema es que los partidos políticos ante los cobros que hace la Caja estamos en una situación de absoluta indefensión porque en el momento en que la Caja hace el traslado de cargos y mientras eso se resuelve, que puede demorar años, la Caja nos coloca en condición de morosidad y de acuerdo con la ley vigente si un partido político está moroso con la Caja, el TSE le retiene la plata que le da por concepto de deuda política, o sea, es pagar o pagar”, dijo Cascante.
El PAC pagó a la CCSS con recursos de la contribución estatal que guardó en una reserva para gastos permanentes de organización del partido y capacitación de sus militantes y dirigentes.
En sus estatutos, Acción Ciudadana establece que a ese fondo debe llegar el 20% de la deuda política obtenida según los votos alcanzados en las elecciones.
Por ejemplo, en la última campaña, la agrupación obtuvo ¢5.218 millones y de esa suma destinó ¢4.174 millones para gastos electorales y guardó ¢1.044 millones para organización y capacitación.
“Lo que el partido le paga a la Caja se lo presenta al Tribunal y este se lo reintegra, alguien podría llegar a decir ‘el Estado es el que está pagando eso’, pues sí, efectivamente. Lo que pasa es que esa plata que al partido le tocaba hubiéramos querido usarla para otra cosa: formación política, gastos de comunicación o todos los gastos que un partido político tiene, pero bueno lo que tenemos que hacer es gastar menos en esas cosas propias de la actividad política”, añadió el secretario general rojiamarillo.
La Nación intentó obtener una reacción de Sibaja sobre el caso, pero el abogado no respondió al mensaje enviado a su correo electrónico.
Actualmente, el PAC también está cancelando otra deuda con la Caja relacionada con una planilla adicional de ¢465 millones, por concepto de cargas sociales no reportadas de 490 profesionales y técnicos a quienes la agrupación contrató entre julio del 2006 y marzo del 2010.
Por ese caso, el PAC llegó a un acuerdo de pago y ya canceló cerca de ¢385 millones, según dijo Luis Diego Calderón, director de Cobros de la CCSS. Aunque, en total tendrá que pagar ¢527 millones, porque además adeuda ¢62 millones en intereses moratorios.
Este otro cobro tiene relación con la condena que el PAC y dos de sus partidarios recibieron, a finales del 2014, por cometer una estafa de casi ¢353 millones en contra del TSE, a la hora de cobrar la deuda política de las elecciones nacionales del 2010.
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Un recuento de los hechos
En agosto del 2014, La Nación reveló que el PAC le pagó ¢277 millones a su abogado y dirigente Jorge Sibaja, por autenticar más de 23.000 firmas en trámites innecesarios ante el Tribunal de elecciones durante la campaña del ahora expresidente Luis Guillermo Solís (2014-2018).
Incluso, un reporte de la Oficina del Cuerpo Nacional de Delegados del TSE certificó que solo recibieron 917 trámites autenticados por Sibaja, es decir un 4% de lo que cobró.
Bajo ese esquema de autenticaciones, el PAC llegó a desembolsar casi ¢2 millones por un trámite que le pudo costar ¢5.000.
La agrupación pagó esa suma para solicitar al TSE el padrón registro y el resultado de 395 mesas receptoras de votos de las votaciones del 2 de febrero del 2014, a pesar de que el Tribunal facilitaba esa información de manera gratuita, con la presentación de una sola carta y sin necesidad de autenticar el documento.
La Fiscalía informó que la causa sigue en la etapa preparatoria de la investigación, en la que se recolectan y analizan las pruebas.
Sibaja también es investigado por el aparente uso de documento falso en perjuicio de la CCSS. El hecho lo descubrió la Dirección Jurídica de la Caja cuando detectó documentos falsos al revisar 200 demandas que presentó el abogado, para que le pagaran ¢100 millones por honorarios, como empleado externo de la institución.
Entre los papeles alterados habrían estado certificaciones del Juzgado Especializado de Cobro, firmadas por funcionarios judiciales que ya no laboraban para el Poder Judicial.
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