La indignación por actos de brutalidad contra animales ha llevado a un aumento en las denuncias que recibe el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). La violencia contra estas criaturas también presiona al Gobierno y al Congreso, pues grupos defensores de animales se declaran burlados, ya que las penas más severas que prometieron para castigar a los agresores aún no llegan.
En el 2013, Senasa atendió 2.120 denuncias de maltrato, cifra que creció a 2.510 en el 2014. Esa diferencia de 390 casos supone un repunte de 18% en el volumen de llamadas.
El incremento se debe en parte a la mayor conciencia del problema entre la población, lo cual se traduce en más ánimo de delatar a los atacantes, precisó Laura Loaiza, coordinadora de Bienestar Animal de Pequeñas Especies (mascotas) de Senasa.
“También hay aumento de casos porque creo que estamos en una sociedad más violenta”, añadió Loaiza, quien citó la tenencia irresponsable como el mayor síntoma del problema.
Señaló que al menos la mitad de llamadas por mordeduras de perro (283 en el 2014) son por tenencia irresponsable.
Loaiza describió la escena que aún se reproduce en el país: perros amarrados y olvidados en los patios, malviviendo en estados de miseria y estrechez espacial y “muy estresados” por nunca abandonar su encierro.
“Cuando alguien se les acerca, intentan morder porque ese es su único mecanismo de defensa”, concluyó.
Promesa incumplida. Mitigar el maltrato hacia los animales se volvió prioridad del Gobierno el 8 de mayo del 2014, cuando el presidente Luis Guillermo Solís afirmó: “Hoy, los costarricenses demandan que llevemos el ejercicio democrático a cumbres mayores” y citó el “bienestar de nuestros hermanos menores, los animales”.
No obstante, grupos a favor del bienestar animal están molestos porque ya pasó un año desde que el Gobierno les prometió una ley que castigue a los atacantes.
Así opinan María Angélica Ortega, vicepresidenta de la Asociación Costarricense de Defensa Animal y Juan Carlos Peralta, presidente de la Asociación para el Bienestar y Amparo Animal.
Desde el 2014, las peleas de perros se consideran delito, pero otras formas de crueldad son solo contravenciones.
Para cambiar esto, en diciembre se convocó el expediente 18.298 a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
Ese plan de ley plantea reformas al Código Penal y a la ley de bienestar de los animales para especificar delitos y sanciones. Incluso, un capítulo se dedica propiamente a maltrato animal.
El texto sigue en último trámite para ser dictaminado en la Comisión de Ambiente precedido de meses de consultas entre diversos sectores donde abundaron las negociaciones, dudas y reclamos por el alcance de la eventual ley.
Los diputados debieron rehacer el documento original para garantizar que los castigos fueran efectivos y sin excesos que luego anularan su legalidad.
Por ejemplo, el maltrato se castigaría solo con días multa y, en casos de muerte dolosa (no accidental), se reduce la pena, por principio de proporcionalidad, a entre tres y seis años de cárcel.
El texto también separa los tipos penales de maltrato y muerte a un animal, los cuales se leían antes en un mismo articulado.
Además, quedarán exceptuadas actividades productivas como las pesqueras, agropecuarias, ganaderas, zootécnicas, veterinarias y acuícolas.
Sin embargo, un instrumento legal de papel tampoco detendrá un desafío de más complejidad.
El maltrato a los animales es, al final, otro síntoma de un estado de “violencia estructural”, el cual demanda más recursos, personal y educación, admite la diputada Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana, y miembro de la Comisión de Ambiente.
Para Laura Loaiza, de Senasa, agredir animales es una tendencia que seguirá creciendo pese al endurecimiento de castigos.
El proyecto de ley 18.298, por ejemplo, no propone asignar más recursos o personal a Senasa, la única instancia oficial dedicada a aminorar el dolor en “nuestros hermanos menores” causado por sus “hermanos mayores”.