Un total de 52 de las 81 municipalidades del país incumplen las normas legales básicas para asegurar una adecuada gestión ambiental en sus comunidades, revela el Decimonoveno Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible .
“No tienen ni siquiera los instrumentos legales mínimos para cumplir con la gestión ambiental”, comentó Leonardo Merino, quien coordinó el tema ambiente en ese estudio.
El dato parte del supuesto de que los gobiernos locales deben contar con instrumentos básicos de normativa ambiental.
Lo anterior implica que, al menos, deben tener un plan regulador y presupuesto para desarrollar actividades como el manejo de basura, según dispone la Ley de Gestión Integral de Residuos (Ley GIR).
Esos 52 municipios representan el 64% de los gobiernos locales. Los identificados como “doblemente rezagados” se concentran en Guanacaste y Limón.
El 10% de los gobiernos locales del país (ocho) muestra “rezago”. El 21% (17) tuvo un avance parcial y solo el 2% (dos), Desamparados y Santa Ana, mostraron un “avance satisfactorio”.
Para el resto de los cantones, que representan otro 2%, no se pudo obtener suficiente información.
“Estábamos evaluando si tienen o no los instrumentos legales mínimos, lo cual no abarca su cumplimiento. Ese sería otro análisis”, aclaró Merino.
Baja calificación. Este análisis pretende sumarse al esfuerzo que realiza desde hace tres años la Contraloría General de la República (CGR) con su Índice de Gestión Municipal. De hecho, el Estado de la Nación lo tomó como base.
Para el informe 2012, la CGR evaluó 79 gobiernos locales, a partir de su desempeño en cinco ejes temáticos, entre los que se encuentra la gestión de desarrollo ambiental.
Ese rubro toma en cuenta la recolección de residuos, su depósito y tratamiento, así como el aseo de vías y sitios públicos.
En promedio, y tomando en cuenta solo ese eje, las municipalidades recibieron una calificación de 41%, donde los cantones de San Rafael, Desamparados y Heredia obtuvieron el mejor puntaje.
Aunque esta nota es mayor a la obtenida en 2011 (33%) y 2010 (37%), la administración de temas ambientales sigue siendo la categoría con nota más baja en comparación con otras, como gestión institucional, planificación y participación ciudadana, así como servicios sociales y económicos.
Entre las razones está la falta de fondos para cubrir los gastos de operación e invertir en el desarrollo ambiental.
“Algunas administraciones municipales deben acudir a la utilización de recursos propios o del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles para financiar el déficit presupuestario de los servicios que brindan a la comunidad; principalmente porque la morosidad es muy alta o las tasas que se cobran por los servicios están desactualizadas. Lo anterior, limita la realización de proyectos en favor de la comunidad”, señala la CGR.
Acompañamiento. “Las municipalidades, en temática ambiental, no son poca cosa. Tienen una cantidad importante de competencias y responsabilidades”, destacó Merino.
Los gobiernos locales son responsables desde el manejo de residuos y la limpieza de zonas públicas hasta del ordenamiento territorial y aprobación de concesiones de zona marítimo terrestre (ZMT).
“Pero no tienen la capacidad técnica. Unos pocos tienen planes reguladores que permiten prever el crecimiento, pero la mayoría no ha podido siquiera cumplir con lo mínimo”, declaró el ministro de Ambiente, René Castro.
A junio de 2013 , solo 37 cantones tenían un plan regulador. En otras palabras, la mayoría de las corporaciones –44 en total– carece de este instrumento, que permite planificar el crecimiento del cantón en armonía con la naturaleza.
De hecho, Castro calificó de “pobres” los estudios presentados por los gobiernos locales ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) con el fin de obtener la viabilidad ambiental.
Dijo que muchos estudios fueron rechazados porque no estaban sustentados en análisis de campo o estos estaban duplicados de un cantón a otro. “Y ni siquiera se dieron cuenta”, apuntó el jerarca.
“Incluso, tienen contradicciones técnicas graves como no poder distinguir entre un cantón y otro a la par desde el punto de vista de su fragilidad ambiental”, agregó.
El ministro considera que se necesita dar un acompañamiento a los ayuntamientos para paliar esa debilidad de conocimiento.
“Eso va a requerir del apoyo del Gobierno central para trabajar arrollándose las mangas con los municipios, porque no van a poder solos”, manifestó Castro.