El director de Greenpeace, Kumi Naidoo, fue citado de nuevo hoy por la Fiscalía de Nasca, en Perú, para que se refiera a los daños causados por activistas de esa organización a las milenarias líneas de Nasca.
El caso se remonta al 1.° de diciembre, cuando 12 integrantes de ese grupo ambientalista ingresaron al sitio arqueológico, cuyos geoglifos son patrimonio cultural de la humanidad desde 1994, para realizar una protesta en el marco de la cumbre del clima (COP20 de Lima).
Los activistas colocaron unas letras amarillas de tela muy cerca de la figura Colibrí, en las líneas de Nasca, ubicadas en el desierto de Ica. Este parque arqueológico –con una antigüedad de entre 1.500 y 2.000 años– es sumamente frágil por su suelo arcilloso. El paso de los manifestantes por el lugar causó daños en 1.600 m².
“Quedó marcada de manera irreparable la ruta que siguieron para acceder al geoglifo, agregándose a ello la disturbación (sic) del terreno del entorno de la figura del Colibrí por efecto del movimiento y circulación de personas para efectuar los hechos antes indicados”, expresa nota enviada por el Ministerio de Cultura a la Unesco.
Molestia. La reacción de los peruanos no tardó, con expresiones de enojo a traves de redes sociales, a las cuales se sumó el presidente Ollanta Humala.
“Haremos todo lo necesario para subsanar el problema”, se disculpó Naidoo en un comunicado enviado por Greenpeace. Naidoo había sido citado por la Fiscalía para este jueves, pero solicitó el traslado de la cita.
Al parecer, los activistas que entraron a las líneas de Nasca ya salieron de Perú y aunque las autoridades pidieron sus nombres a la organización, Greenpeace se niega a identificarlos.
“Lo que manifiesta el representante de Greenpeace es que van a realizar una investigación que tomará un mes, aproximadamente, porque van a averiguar dentro de sus 27 filiales. Quieren saber quién tuvo la idea, quién la organizó y quiénes participaron”, comentó la ministra de Cultura de Perú, Diana Alvarez-Calderón.
Perú incluso analiza pedir la extradición de los involucrados, quienes se exponen a una pena de seis a ocho años de cárcel por el delito de atentado contra monumentos arqueológicos y patrimonio cultural, según la ley local.