Los delitos contra el ambiente terminan siendo la “caja chica” de grupos armados y terroristas, ya que les proveen dinero para financiar sus actividades ilícitas.
Así lo destacó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Interpol en su informe La crisis del crimen medioambiental .
El reporte se presentó en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA) que se realiza esta semana en la ciudad de Nairobi, en Kenia, y reúne a 1.200 delegados provenientes de 160 países.
Los delitos ambientales –como la tala y caza ilegal, el tráfico de especies, la pesca ilegal, las minas clandestinas y el trasiego de desechos tóxicos– aportan hasta $213.000 millones anuales al financiamiento de las organizaciones criminales. Por ejemplo, y según lo especifica el informe, el tráfico de carbón de madera aporta entre $38 millones y $56 millones anuales a los islamistas shebab somalíes, vinculados a al-Qaeda.
Por su parte, el tráfico de marfil es la mayor fuente de ingresos para el Ejército de Resistencia del Señor (LRA), grupo de Uganda que siembra el terror en Sudán, República Centroafricana y la República Democrática del Congo.
Esto tiene un precio ecológico muy alto: por ejemplo, en África, entre 20.000 y 25.000 elefantes mueren cada año pues se les persigue por sus colmillos. Desde el 2002, la población de estos animales disminuyó un 62%.
Para Achim Steiner, director ejecutivo del PNUMA, aparte del daño ambiental, esta situación perjudica las comunidades, ya que las despojan de recursos naturales que les generan ingresos por materia prima, producción de alimentos, investigación médica o turismo.
“Se priva a las economías en desarrollo de miles de millones de dólares de ingresos que, más bien, llenan los bolsillos de los criminales”, lamentó Steiner.
Jean-Michel Louboutin, director ejecutivo de Servicios Policiales de Interpol, agregó: “El crimen organizado está haciendo beneficios increíbles al explotar nuestros recursos naturales para alimentar sus actividades ilícitas; con esto amenazan la estabilidad y el desarrollo futuro de algunas de las regiones más pobres del planeta”.
El informe recomienda un abordaje integral de los delitos ambientales y coordinar acciones tanto en lo policial como en lo legal. Asimismo, aconseja trabajar con los usuarios finales y los mercados para regularlos, así como promover el consumo responsable mediante el fortalecimiento de los sistemas de certificación de productos.