Bajo un fuerte aguacero, Luz Miryam Fique maniobra como puede con su pequeña motocicleta para entregar dos bolsas de comida. Como ella, miles de repartidores en Colombia se enfrentan a la intemperie por una modesta paga. En el país hay unos 50.000 socios de esta aplicación, y a veces reciben menos de un dólar por trayectos de varios kilómetros, según denuncia el sindicato que formaron recientemente.
No hay ningún contrato entre estos repartidores –que en su gran mayoría se mueven en bicicleta– y el líder del mercado de reparto a domicilio en Colombia, que se fundó en el 2015 y está valorado en $5.250 millones.
Con el pelo morado bajo el casco, Luz Miryam dejó su trabajo como asistente en una oficina para dedicarse únicamente a Rappi. Cuatro años después preside la Unión de Trabajadores de Plataformas (Unidapp).
La repartidora de 57 años explicó que cuando ingresó a trabajar en esta aplicación tenía unos 130.000 o 140.000 pesos al día ($51) sin tanta exigencia. Ahora dice que necesita trabajar al menos 16 horas para generar ese mismo ingreso. “Toca trabajar por lo menos 16 horas (...) ¡y dándole duro, duro!”, expresó la repartidora.
Rappi sostiene que sus repartidores independientes pueden generar el doble de ganancias por hora que un empleado con el salario mínimo legal en Colombia (unos $212 al mes). En un comunicado a la AFP, la compañía enfatizó en que los repartidores ganan más de lo que gana el 70% de la población colombiana por hora.
La valoración de la empresa creció 420% entre setiembre del 2018 y julio de 2021. Hoy también hacen entregas en Costa Rica y otros ocho países latinoamericanos.
La llegada de más de dos millones de migrantes venezolanos a Colombia ha jugado a favor de la plataforma, que ofrece entregas a precios bajos gracias a la abundante mano de obra.
Los confinamientos debido a la pandemia, además de disparar la demanda, han dejado sin empleo a muchos colombianos, que han recurrido a Rappi para sobrevivir. A ellos se unieron los emigrantes venezolanos que ahora constituyen una gran parte de la plantilla de la empresa.
“Hay un aprovechamiento: para un trabajador migrante es muy difícil o imposible ubicarse en la economía formal, dado que en Colombia los empleos formales son escasos”, explicó Natalia Ramírez, profesora de derecho laboral de la Universidad de los Andes.
Actualmente, seis de cada 10 colombianos trabajan en la informalidad.
Expuestos a riesgos
Madre de dos hijos, Luz Miryam atiende en las mañanas un negocio familiar de abarrotes y en las tardes se ocupa con Rappi. La inseguridad y los accidentes de tránsito son sus principales enemigos.
Su moto derrapó una vez bajo la lluvia y cayó al suelo. “Casi no me puedo parar. Duré como ocho días que no pude trabajar”, recordó la repartidora.
La compañía, que reconoce el sindicato, no cubre gastos médicos ni las incapacidades de los repartidores que se accidentan en el trabajo. La organización busca mejores pagos para los “rappitenderos” (como les llama la empresa) e intercede cuando son vetados por la aplicación, algo habitual para quienes se rehúsan a tomar pedidos.
Sobre el final de la tarde, Luz toma un pedido de una pastelería en un barrio rico.
Luz Myriam también denunció que los rappitenderos tienen que ir por atrás de la tienda (...) para que los clientes no se den cuenta que nos están tratando mal. Si nos subimos al de los clientes, el vigilante nos hace bajar. Siempre hay discriminación por el hecho de ser domiciliario.
El parlamentario liberal Mauricio Gómez Amín prepara un proyecto de ley para regular a todas las plataformas digitales. Según él, los repartidores “no tienen derechos laborales, y Rappi no les reconoce sus derechos (...) no cotizan pensión, no les pagan sus riesgos laborales”, denunció.