Tras perder a un padre o a un hermano bajo las balas de los soldados británicos en el "Domingo Sangriento", familias norirlandesas tuvieron que luchar para que se reconociera la inocencia de las víctimas y siguen haciéndolo en busca de justicia.
Después de la masacre en que e1 30 de enero de 1972 murieron 13 civiles durante una manifestación pacífica en Londonderry, tuvieron que pasar 38 años para que se reconociera la inocencia de los fallecidos.
Una primera investigación exoneró a los soldados afirmando que los manifestantes habían sido infiltrados por paramilitares del Ejército Republicano Irlandés (IRA).
Publicado sólo tres meses después del "Domingo Sangriento", el informe Widgery fue vilipendiado por los familiares de las víctimas. Fue una investigación "montada por el gobierno británico para contar mentiras sobre nuestra gente", dice a la AFP John Kelly, cuyo hermano Michael murió aquel día y que lideró la campaña para obtener una nueva investigación.
Esta vio la luz en 1998, pero no finalizó hasta 2010. Dirigida por el juez Mark Saville, fue la más larga (12 años) y costosa (casi 200 millones de libras, 270 millones de dólares o 240 millones de euros al cambio actual) realizada en el Reino Unido.
Determinó que las víctimas no estaban armadas y que el ejército había dado una versión errónea de los hechos.
El entonces primer ministro David Cameron pidió formalmente disculpas por la matanza, calificándola de "injustificada e injustificable".
Duramente criticado en el informe por desobedecer las órdenes, el teniente coronel Derek Wilford, que dirigía el primer batallón de paracaidistas, cuyos hombres dispararon contra los manifestantes, rechazó las conclusiones del informe Saville.
"Pensamos que nos estaban atacando. Y seguiremos convencidos de ello hasta el fin de nuestras vidas", afirmó en una entrevista con la BBC en 2019.
Ese mismo año, la fiscalía norirlandesa presentó cargos contra el "soldado F" -llamado así para preservar su anonimato- por dos de los asesinatos de los que es sospechoso durante el "Domingo Sangriento".
Pero el pasado julio, la fiscalía anunció finalmente su retirada. También abandonó el caso contra otro exmilitar, el "soldado B", acusado del asesinato de un chico de 15 años que recibió dos disparos en la cabeza en julio de 1972 en Londonderry.
La decisión, que enfureció a las familias de las víctimas, se produjo tras una revisión de las pruebas después de que un tribunal de Belfast absolviera en mayo a otros dos exmilitares del asesinato de un miembro del IRA en 1972. El hermano de una de las víctimas del "soldado F" presentó un recurso contra esta decisión.
Por su parte, el gobierno británico presentó el pasado verano en el Parlamento un controvertido proyecto de ley para poner fin a todos los procesos relacionados con el conflicto de Irlanda del Norte, tanto de soldados británicos como de grupos paramilitares, denunciado por todas las partes como una amnistía.
Aunque reconoció que la decisión sería difícil de aceptar para algunos, el ministro de Irlanda del Norte, Brandon Lewis, argumentó que era "la mejor manera de ayudar a Irlanda del Norte a avanzar hacia la reconciliación".
Pero algunos, como Kate Nash, cuyo hermano murió en el Domingo Sangriento, abogan por el procesamiento de ambos bandos, víctimas tanto de los soldados como del IRA.
"Un país no tiene derecho a designarse como una democracia poniendo a nadie por encima de la ley", denuncia.
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