Bogotá. El gobierno y el principal frente de protestas en Colombia, reunidos en Bogotá este martes, dieron los primeros pasos hacia un acuerdo para apaciguar el estallido social que deja casi 60 muertos en un mes de manifestaciones contra el presidente Iván Duque.
Fabio Arias, uno de los voceros del Comité Nacional de Paro, que reúne a sindicalistas, estudiantes y profesores, señaló que están en curso “acercamientos para levantar” los bloqueos viales que afectan especialmente al suroeste del país.
El gesto fue celebrado por el gobierno, que exige el levantamiento de los cierres para iniciar una eventual negociación: “Los avances que se están teniendo para que se levanten los bloqueos son muy importantes para los colombianos”, expresó el consejero presidencial Emilio Archila.
Los delegados de Duque y del Comité de Paro han sostenido varias rondas de conversaciones desde el 7 de mayo, sin alcanzar un acuerdo para iniciar negociaciones.
Si bien se trata del colectivo más visible, el Comité no aglutina a todos los sectores descontentos con la gestión del impopular Duque, quien enfrenta la ira popular a un año de las elecciones de las que deberá salir su sucesor. No obstante, un eventual acuerdo con esa organización es visto como un paso hacia el fin de la crisis.
“La juventud de Cali ha dicho que las personas del Comité de Paro no nos representan. No nos rendimos y no paramos hasta que no se acabe el fuego”, expresó a W Radio Andrés Velásquez, líder de un bloqueo en la ciudad de Cali, epicentro de las protestas, tras conocer el llamado de uno de los voceros del comité.
El gobierno atribuye a los bloqueos la muerte de dos bebés que quedaron atrapados en ambulancias y millonarias pérdidas económicas. “En la primera semana (de protestas) tuvimos 800 bloqueos, hoy quedan 36”, aseguró el ministro de Defensa, Diego Molano.
Civiles en armas
Las partes dialogan en una sede neutral en Bogotá, cuando el país todavía procesa la jornada más violenta en esta crisis, detonada por la ya descartada idea del gobierno de cargar con más impuestos a una clase media empobrecida por la pandemia.
El viernes 28, mientras miles de personas conmemoraban en las calles el primer mes de levantamiento popular, 13 personas murieron en Cali, la tercera ciudad de Colombia y una de las más afectadas por las movilizaciones y los bloqueos viales.
Ese día hubo choques que involucraron a manifestantes, uniformados y civiles armados hasta con fusiles que dispararon en presencia de la policía, lo que ha hecho temer que fuerzas paraestatales estén cobrando protagonismo en la volátil coyuntura.
En un mes de protestas han muerto 59 personas, según reportes de la Defensoría del Pueblo (Ombudsman) y de autoridades civiles. La Fiscalía sostiene que 20 de estos casos “guardan relación directa con las manifestaciones”.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió una investigación “independiente” sobre los ataques que segaron vidas en Cali.
A raíz de lo ocurrido el viernes, Duque ordenó el despliegue de tropas en Cali y otros puntos del país bajo la figura de la “asistencia militar”, que faculta al ejército a apoyar las tareas de vigilancia de la policía, muy cuestionada local e internacionalmente por los abusos contra los manifestantes.
Garantías para protestar
Los jóvenes que están en las calles abogan por un Estado más solidario para hacer frente al desempleo, la deserción escolar y demás estragos que trajo la pandemia, que avanza implacable rompiendo récords diarios de muertes y contagios.
El gobierno y su contraparte chocaron desde el comienzo por la violencia que rodea el primer gran levantamiento popular desde el acuerdo de paz del 2016, que condujo al desarme de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hoy partido político Comunes.
Los manifestantes exigen una condena explícita de la represión policial y “garantías para la protesta”, mientras el presidente Duque quiere que se rechace sin ambages los cierres viales que causan desabastecimiento y han alcanzado a las misiones médicas.
Las fuerzas sociales, que se oponen a la militarización, también claman por una rechazo explícito de los excesos policiales.
“No se pueden seguir viendo videos donde la fuerza pública le dispara a los manifestantes; donde personal civil le dispara a los manifestantes”, sostuvo Francisco Maltés, líder obrero y vocero del comité.