Tegucigalpa. El gerente general de una hidroeléctrica en Honduras se convirtió este lunes en el octavo sentenciado por el asesinato en el 2016 de la ambientalista Berta Cáceres, una férrea opositora al proyecto que desarrollaba esa compañía en territorio indígena.
“Roberto David Castillo ha tenido participación en la presente causa como coautor en el delito de asesinato en perjuicio de Berta Isabel Cáceres”, afirmó una jueza al leer la sentencia en audiencia oral pública.
El tribunal convocó para el 3 de agosto la audiencia que definirá los años de prisión para Castillo, gerente general de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y exmilitar hondureño egresado de la escuela militar estadounidense West Point.
Según un comunicado de la Corte Suprema de Justicia, el Código Penal establece una pena de 20 a 25 años de prisión para ese tipo de delitos, comprobado con las evidencias aportadas por la Fiscalía.
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Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada por encargo de DESA al oponerse con manifestaciones a la construcción de la hidroeléctrica en el río Gualcarque por parte de esa empresa, precisó la sentencia.
Miembros del Copinh, que habían instalado un campamento frente a la Corte Suprema de Justicia para esperar el fallo, celebraron la decisión con petardos, cantos y bailes.
“Importante trabajo en equipo de todos los que colaboraron activamente con dedicación y esfuerzo en búsqueda de la verdad como una norma fundamental”, escribió en Twitter el fiscal general, Óscar Chinchilla.
Respaldo de empresarios
En su declaración en el juicio oral y público, que duró 48 días, Castillo agradeció el apoyo del Cohep, organismo cúpula de los empresarios hondureños, y de la asociación de empresas de energía renovable, lo que ocasionó preocupación en el equipo de abogados acusadores por la influencia de esos organismos en el proceso.
Unos sesenta eurodiputados habían reclamado en una declaración la semana pasada al Estado hondureño “que cumpla con sus obligaciones de garantizar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y a una reparación adecuada, efectiva y pronta para las víctimas, tanto a la familia de Berta Cáceres como a la sociedad hondureña en su conjunto”.
En la audiencia se reveló el contenido de comunicaciones telefónicas que hubo entre Castillo y otras siete personas que ya fueron sentenciados en diciembre del 2019 a entre 30 y 50 años de prisión por el asesinato de la ambientalista, ganadora del Premio Goldman de medioambiente del 2015.
La decisión del tribunal “es un granito de arena en la justicia por el asesinato de mi madre”, manifestó Laura Zúniga. “Hoy nos sentimos alegres. El pueblo hondureño está harto de tanta impunidad y muerte”, agregó.
“Falta el siguiente escalón”, subrayó. La familia de Cáceres y la dirigencia del Copinh exigen a la justicia el castigo de Castillo y de los socios de DESA, miembros de influyentes familias de banqueros en el país.
Los ‘autores intelectuales’
Otra hija de Cáceres y actual coordinadora del Copinh, Berta Zúñiga, destacó que “Roberto Castillo es pieza clave para llegar a los autores intelectuales del crimen”.
“Ese fallo es una manifestación de justicia reclamada popularmente, demuestra que la estructura empresarial no logró su cometido” de salvar a Castillo de la condena, declaró a su turno el abogado de la familia y Copinh, Víctor Fernández.
Cáceres fue asesinada a tiros la medianoche del 2 de marzo del 2016 por hombres que entraron a su casa en la comunidad occidental de La Esperanza, donde también hirieron de bala a un mexicano que la acompañaba esa noche en otra habitación de la vivienda.
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Castillo fue capturado el 2 de marzo del 2018 como presunto autor intelectual del asesinato. Según la Fiscalía, el exmilitar y dos ejecutivos de DESA, que están entre los cinco sentenciados, contrataron a los sicarios que mataron a la ambientalista.
En la sentencia de los siete condenados, “el mismo tribunal reconoció que aquella estructura sicarial actuó en todo el operativo de persecución, campañas mediáticas de descrédito de Berta con el conocimiento y el consentimiento de la junta directiva de DESA”, afirmó el experto penalista, Rodil Vásquez.
Los propietarios de la compañía son prominentes banqueros con grandes influencias en el país centroamericano.
“Eso fue suficiente para que la Fiscalía investigara y acusara a partir de los indicios. Eran más que suficientes para presentar acusaciones contra David Castillo, Daniel Atala (gerente financiero de DESA) y Jorge Ávila (jefe de Seguridad de la compañía)” y otros empresarios, destacó Vásquez.