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La violencia no da tregua en Ecuador. El presidente Guillermo Lasso decretó a inicios de esta semana el estado de excepción para todo el país durante 60 días ante un aumento de los índices de criminalidad a causa del narcotráfico. La medida dio paso a la movilización de policías y militares en las calles.
La muerte de un niño de 11 años en una heladería, abatido tras recibir cuatro impactos de bala en medio de un tiroteo en Guayaquil, motivó al gobierno a tomar la medida urgente. “Hay que acabar con la violencia que le arrebató la vida a Sebastián Javier y antes a otros ecuatorianos”, dijo el mandatario en un mensaje a la nación.
La iniciativa “tiene como finalidad controlar las circunstancias que se han generado, restablecer la convivencia pacífica y el orden público”, precisó el decreto ejecutivo, firmado el 18 de octubre.
El estado de excepción confluye con el estado de emergencia establecido en las cárceles debido a la masacre que ocurrió hace tres semanas y que acabó con 118 presos muertos, desmembrados y decapitados. Hasta el momento, es el motín más violento que se ha registrado en el país suramericano.
A la crisis de seguridad se suma otro hecho que coloca a Lasso contra las cuerdas. La Fiscalía ecuatoriana abrió una investigación contra el mandatario, que lleva apenas cuatro meses en el poder, por el presunto delito de defraudación tributaria. Lasso fue señalado en los Papeles de Pandora luego de haber creado 14 sociedades offshore.
Nos quedamos en América del Sur, donde otro tema causó indignación en las últimos días y abrió el debate sobre el derecho a la muerte digna. Se trata del caso de Martha Sepúlveda, quien esperaba morir el domingo 10 de octubre. La colombiana, que padece esclerosis lateral amiotrófica, había programado su muerte a las 7 a.m. de ese día y decía sentirse feliz. Pero los planes cambiaron en el último momento.
Pocas horas antes de la eutanasia, la paciente, de 51 años, recibió una carta anunciando que su procedimiento había sido cancelado, después de que un comité médico determinó que ya no cumplía con las condiciones porque aparentemente su salud había mejorado. Sepúlveda iba a ser la primera persona en recibir la eutanasia en Colombia sin padecer una enfermedad terminal.
La decisión fue una sorpresa, dijeron sus abogados. Ellos no tenían conocimiento de que los funcionarios de salud se estaban reuniendo para revisar el caso de Sepúlveda. La paciente estaba viviendo tranquilamente lo que pensaba que eran sus últimas horas, e incluso, se había desconectado de la cobertura mediática de su caso. “Canceló su plan telefónico porque pensó que iba a morir mañana (domingo)”, contó a la prensa su abogada, Camila Jaramillo. La eutanasia de Sepúlveda había recibido luz verde por tratarse de una paciente con “enfermedad incurable avanzada”.
El anuncio del comité causó indignación en Colombia, donde la Corte Constitucional, que vela por el cumplimiento de la Carta Magna, decidió en julio extender “el derecho a la muerte digna” a quienes padezcan “un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable”. Además, Colombia es el único país de América Latina donde la muerte asistida está despenalizada.
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