De la conjunción de dos ramas jurídicas, el Derecho Tributario y el Derecho Ambiental, surgió una alternativa de protección del medio ambiente, que consiste en la utilización de instrumentos fiscales como un medio de financiamiento para remediar los daños generados por la contaminación o la afectación al medio ambiente.

Los impuestos con fines ambientales son también conocidos como “impuestos verdes” y han evolucionado significativamente en los últimos años.

Los impuestos verdes se entienden como el pago obligatorio que deben realizar los contribuyentes que emiten o consumen sustancias o productos contaminantes, y se calcula aplicando una tarifa impositiva fija o variable, relacionada con el nivel de afectación producido.

La razón por la cual el contribuyente debería soportar la carga de tributos verdes parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos, pues quienes contaminan deben asumir los costos de esa contaminación, lo cual se fundamenta en el principio ambiental “quien contamina paga”.

Jurídicamente, los tributos e incentivos fiscales ecológicos encuentran su fundamento en derechos y deberes tutelados constitucionalmente y en instrumentos internacionales ratificados por nuestro país, por lo cual su implementación en Costa Rica resulta válida y legalmente posible.

Los tributos ecológicos no solo se encuentran acorde con los principios constitucionales de justicia tributaria, sino que, además, promueven el cumplimiento del derecho de los habitantes a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, según dispone el artículo 50 de nuestra Constitución.

Los instrumentos fiscales ecológicos pueden destinarse a una gran variedad de fines, por ejemplo: algunos pretenden reducir el agotamiento de recursos, otros, evitar la acumulación de materiales tóxicos en el ambiente, y otros, recaudar fondos para financiar proyectos ambientales.

Algunos impuestos verdes que han sido aplicados en países como Irlanda, Finlandia, Reino Unido, España o Suecia, son por ejemplo impuestos sobre materiales altamente contaminantes como el plástico de un solo uso, impuestos sobre las emisiones, impuestos sobre licencias para la explotación de la pesca comercial, impuestos sobre vertidos, entre otros.

La verdadera finalidad de los instrumentos fiscales ecológicos es actuar como un medio indirecto para desincentivar acciones humanas contaminantes, además de promover a su vez una actividad económica ambientalmente amigable.

¿Qué pasa en Costa Rica?

En nuestro país contamos con algunos tributos verdes, algunos creados de manera indirecta, como es el caso del Impuesto Único a los Combustibles, establecido mediante la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, N. 8114.

Si bien su finalidad no fue creada con tal idea, un 3,5% de lo recaudado por este impuesto, se destina al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), para el pago de servicios ambientales. Otro ejemplo, más directo y cotidiano en nuestras vidas, a nivel de gobierno local, es el cobro de las tasas municipales por concepto de recolección y reciclaje de basura.

La problemática ambiental a nivel mundial ha despertado el interés de los diversos países por buscar soluciones y adoptar políticas tendientes a mitigar el daño ambiental, por ello, cada vez es más común que los países realicen alianzas y adopten mecanismos y recomendaciones emitidas por grupos u organizaciones como la OCDE, CEPAL, las Cumbres o encuentros internacionales, la ONU, la OEA entre otros. Dentro de las recomendaciones, es cada vez más usual observar la aplicación de los instrumentos fiscales con fines ecológicos.

Costa Rica no se ha quedado atrás y existen en la actualidad discusiones para crear instrumentos fiscales que pretenden gravar las emisiones de CO2. También, se está considerado la posibilidad de crear mediante proyectos de ley un impuesto directo sobre el plástico de un solo uso.

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La puesta en práctica de la implementación de impuestos verdes es lenta pero necesaria, sin embargo, es preciso reconocer los esfuerzos que realizan los países, pues toda nueva política demanda la necesidad de coordinación y trabajo multi sectorial.

Finalmente, el éxito de la implementación de políticas fiscales con fines ambientales, depende entre otros factores, de la idoneidad de las autoridades ambientales y fiscales para trabajar en conjunto y de la existencia de una sólida capacidad de seguimiento y control para hacer cumplir efectivamente la normativa ambiental y el adecuado desarrollo de los proyectos.