Solo 19 de las 53 universidades privadas (un 36%) que operan en el país someten a revisión la calidad de sus planes de estudio, profesores, infraestructura educativa y otros criterios de competitividad, ante el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes): única agencia oficial en Costa Rica que certifica la calidad de las carreras universitarias.
El 64% de 'U' privadas graduá profesionales sin que se compruebe si lo que imparten en sus aulas cumple los estándares de calidad y si se ajustan a las condiciones básicas que exigen las tendencias en los campos de estudio que imparten.
Así lo revela un reporte elaborado en mayo de este año (2019) por la investigadora Sandy Cascante, Gestora de Información del Sinaes, en donde también se señala que de toda la oferta académica de la educación superior costarricense (1824 carreras y programas académicos) solo un 10% tiene el sello de calidad del Sinaes.
Fiscalizar la calidad de la educación superior es un beneficio para los estudiantes e implica garantizar que las carreras mantengan actualizados sus programas de estudio. Una queja recurrente de los empleadores es que los jóvenes graduados no reúnen las competencias necesarias para enfrentarse al mercado laboral. Ese tipo de quejas respaldan la urgencia de revisar qué tipo de formadores y de planes de estudio se imparten en las aulas universitarias.
Un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prevé que para el 2030 más de la mitad de los jóvenes no tendrá las competencias necesarias para prosperar en un trabajo. De ahí, la necesidad de que los procesos de acreditación sirvan como mecanismo de evaluación y corrección de las falencias propias de cualquier sistema educativo.
No hay excusa para que las universidades huyan de las evaluaciones a sus profesores, infraestructura, ni a los planes de estudio de sus carreras. Si bien la calidad es un término que no se puede homogeneizar y que varía según la carrera que se evalúe, es indispensable que los centros de enseñanza superior ofrezcan planes de estudios bien definidos, con profesores competentes y un recurso físico adecuado para impartir las lecciones; no garajes donde cualquiera pueda ir a negociar un título académico.
En esta misma línea, es fundamental dotar de más herramientas de control al Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) para conseguir que todas las universidades tengan la obligación de acreditar, al menos, sus carreras relacionadas con Educación, Medicina e Ingenierías ante el Sinaes, tal y como apunta el proyecto de ley de reforma al Conesup, que se tramita desde 2015.
Cuando las aulas de una universidad se traducen en un simple negocio, la educación es un despropósito en esos sitios. Cuando la calidad de los planes de estudio no se evalúa, el engaño a los estudiantes resulta ser una constante y el daño social irreversible.
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