El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) lo advirtió desde el 2001: el sistema de bonos de deuda política podía ser usado para que extranjeros financien campañas electorales, contrario al principio de no intervención que señala la Constitución Política.
El órgano lo señaló en el proyecto de reforma electoral enviado a la Asamblea Legislativa a principios de la década pasada, en el cual pedía eliminar los bonos que emiten los partidos para financiarse.
No obstante, los diputados mantuvieron el sistema en el nuevo Código Electoral aprobado en el 2009.
“Se les dijo a los diputados que cabía la posibilidad de que, mediante una persona jurídica que compre bonos, los extranjeros pueden participar en la política costarricense”, rememoró Héctor Fernández, director del Registro Electoral.
El propio Tribunal, mediante una resolución dictada en setiembre del 2009, determinó que la compra de bonos no se puede considerar como donación pues se trata de una inversión.
Con ello, admitió en ese momento el propio TSE, “podrían existir situaciones extremas en las que se encubran donaciones”.
Fernández añadió que la situación se complica porque en Costa Rica no existe mucha publicidad sobre quiénes son los dueños de las sociedades jurídicas.
Según recordó el funcionario, la Constitución prohíbe a los extranjeros participar en la política nacional y el TSE, mediante su jurisprudencia, extendió la regla al financiamiento de los partidos.
Por ello, la institución electoral insistirá ante los parlamentarios en la necesidad de eliminar el mecanismo de bonos de deuda política. “Es muy difícil controlar y saber quién realmente está comprándolos”, indicó.