San José (Redacción). El partido Renovación Costarricense, del diputado Justo Orozco, apeló el informe interno de Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que le rechaza el 95% de sus gastos de campaña y reclamó el pago de ¢400 millones.
La agrupación pretendía cobrar ¢750 millones de contribución estatal al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pero la entidad solo le reconoció ¢31 millones.
Por votos obtenidos, el partido tenía derecho a recibir ¢400 millones para compensar los costos que tuvo durante las elecciones anteriores, en las que eligió un legislador y 10 regidores.
Este jueves, Renovación envió un escrito a los magistrados del TSE para refutar un informe del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, el cual concluye qie la liquidación del partido tiene múltiples anomalías en sus documentos de respaldo.
La apelación, firmada por Jimmy Soto, secretario general, alega que dicho departamento no validó el criterio de su contador público autorizado, el cual fue aportado de acuerdo con el Código Electoral.
Soto sostuvo que la oficina de Financiamiento de Partidos no puede cuestionar la autenticidad del trabajo del contador, el cual dio fe pública de sus gastos.
Al verificar la documentación, el departamento encontró que el partido no aportó facturas para comprobar la mayoría de sus costos, incluso por montos hasta de ¢5,6 millones.
Según el secretario general, esos gastos fueron avalados por el contador con base en los contratos de respaldo que se hicieron con cada proveedor, los cuales fueron protocolizados por un notario.
El político insistió en que esos contratos detallaban el datos como la actividad y el plazo del trabajo, aunque el TSE señaló falta de información.
Renovación argumenta que pagó con bonos de deuda política. “No entendemos qué problema pueda existir si el servicio fue recibido por el partido y cancelado mediante el pago con bonos”, indicó Soto.
El departamento de Financiamiento de Partidos Políticos también encontró que, en casi el 40% de los casos, la firma que la firma del proveedor del servicio no coincidía con la que aparecía en el comprobante de pago o en la cédula del proveedor indicado.
Renovación criticó el informe al decir que se desacredita la legalidad de documentos con fe pública sin una prueba técnica (grafoscópica).
Además, alega que profesionales no son solo aquellos que tienen un título universitario, pues el departamento del TSE cuestionó que se incluyó, en el apartado de honorarios profesionales, contratos con personas que trabajaron en los centros de votación.
La apelación agrega que el partido consideró necesario que algunos profesionales llevaran a cabo actividades de fiscales en juntas receptoras como parte de sus funciones.
Soto también criticó la decisión de la oficina del Tribunal de buscar personalmente a un grupo de proveedores para verificar la autenticidad de los documentos. Alega que no se le indicó cómo se seleccionó la muestra. “El muestreo no demuestra que se realizara bajo algún sistema establecido”, escribió.
Una situación similar argumenta con respecto a los bonos, pues reclama que no le indicaron cuáles números de bonos no coinciden con los comprobantes de entrega a proveedores.
Para Soto, el informe “se deriva una posición precipitada y temeraria por parte del departamento, pues establecen como verdad única y absoluta sus conclusiones”.
Ahora, los magistrados deberán tomar una resolución sobre el pago de la deuda política a este partido.